REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
un proceso judicial concreto en el que tenga que aplicarse la Ley impugnada de
inconstitucional. Este sistema establece la legitimación de determinados órganos
para recurrir a la acción directa (o abstracta) de inconstitucionalidad, estableciendo
ciertas limitaciones, empero también legitima la intervención de personas
particulares, con determinadas restricciones.
Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley, son
de carácter general o erga omnes; además, la resolución no declara sólo la
inaplicabilidad de la Ley sino que la anula, por lo que, la decisión tiene el efecto
derogatorio o abrogatorio, según corresponda, lo que constituye una forma de
legislación negativa;
El efecto de la sentencia constitucional, siempre rige hacia el futuro y no opera
en cuanto a lo pasado, es decir, no tiene aplicación retroactiva a decisiones en las
que se hubiese aplicado la Ley declarada inconstitucional, salvo en materia penal
(cuando beneficie al delincuente)”
2.3.2. Modelo Mixto
En este modelo, se ejercen ambos, el difuso como también el
concentrado, es decir que los jueces de instancia pueden realizar control
de constitucionalidad pero a su vez se tiene un Tribunal Especializado
que lo ejerce, cabe señalar que este modelo mixto es considerado de
esta manera a partir de su misma Constitución, es ese el caso Peruano
, que para mejor entendimiento citaremos al autor especifico de ese país:
“El sistema de defensa de la Constitución y del derecho constitucional que
se ha previsto en el Perú es uno dual o paralelo. En efecto, el Constituyente
peruano ha decidido reconocer el control constitucional difuso o americano
a todos los jueces (artículo 138 de la Constitución), incluido al supremo
juez constitucional que es el Tribunal Constitucional; y ha decidido atribuir
el control concentrado o europeo al Tribunal Constitucional (artículo 201 y
202 de la Constitución). La dualidad del control reclama reconocer una relación
entre uno y otro controlador. Reconocer que el Tribunal Constitucional tiene
más atribuciones de control tanto en número como en intensidad, permite
reconocerlo como controlador mayor o controlador supremo.”
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