REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
de recursos económicos , mal asesoramiento y otros no logran la reparación
de daños, es decir, se incumple lo previsto por el art.113 de la Constitución,
motivo por el que no ingresar a una correcta y justa rehabilitación por medio
de la reparación de daños, aspecto que no es justo ni correcto , peor aún,
que esas personas gozan de protección reforzada de sus derechos , por eso
lastimosamente en la actualidad existen varias personas víctimas de delitos
de esos sectores vulnerables que no se les ha indemnizado correctamente,
ya que se aplica la letra muerta sin realizar una interpretación favorable de
aplicación de valores, principios y derechos constitucionales.
Este artículo, se justifica ante la importancia constitucional, en sentido del
principio de la aplicación de la norma más favorable a la persona humana (pro
homine) que se constituye en un instrumento de derechos humanos para
indemnizar a las víctimas de delitos.
La reparación de daños en nuestra legislación se constituyó como un
derecho constitucional, siendo acertada esta decisión, ya que a las víctimas
de delitos no se les puede quitar el derecho a su rehabilitación y reinserción
, consecuentemente, es importante , la creación de una norma legal que
establezca expresamente, que la reparación de daños para víctimas de delitos
pertenecientes a sectores vulnerables como ser : niñas, niños, adolescentes,
mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y de grupos
indígenas originarios campesinos no caduque y sea imprescriptible al tratarse
de un derecho constitucional.
3. Conclusiones
Lastimosamente en la actualidad existen varias personas víctimas de delitos:
mujeres, niñas, niños, adolescentes, de la tercera edad, discapacitados,
indígenas originarios campesinos, que no se les ha indemnizado correctamente,
no han sido rehabilitados, por no haber interpuesto su demanda en el plazo
de dos años, ya que se aplica la letra muerta sin realizar una interpretación
favorable de aplicación de valores, principios y derechos constitucionales.
Las víctimas de los sectores vulnerables de la sociedad no interponen su
demanda en los dos años por desconocimiento, por mal asesoramiento y por
falta de recursos económicos.
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