REVISTA CURSO SOLIDARIO

REVISTA | CURSO SOLIDARIO INTERNACIONAL: “CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO, DERECHOS Y
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL”
Otro aspecto que preocupa a la CIDH es que para la enfermedad que nos ocupa
no existe un medicamento o tratamiento cuya efectividad sea comprobada,
por lo cual se han ido probando diferentes protocolos médicos y se debe
fortalecer la investigación, así como mantener informados a los pacientes
sobre los tratamientos a los cuales se les somete.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia tiene una amplia
jurisprudencia sobre el derecho a la salud y la salubridad pública, en cuanto
al acceso a las condiciones básicas y necesarias para vivir saludablemente,
preservando su dignidad humana. Tal el caso de la SCP 2028/2013, citando las
SC 1974/2011-R y 0026/2003-R que sobre el tema establece en referencia al
actual orden constitucional como un valor y un fin del Estado, cuyo propósito
debe ser proteger a toda la comunidad, preservando la vida, la dignidad
humana y el vivir bien. Este derecho colectivo a la salubridad pública, en el
sistema constitucional boliviano, tiene su base en las normas previstas por la
Constitución, en sus arts. 8. II. 9.2 y 5, 13.II, 14.III, 16, 18, 20, 35, 36 y 37; de
otro lado en las normas previstas por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en sus arts. 11 y 12.
Es importante resaltar que el derecho a la salud no significa solamente el
derecho a estar en contra de la enfermedad, sino el derecho a la prevención, a
una existencia con calidad de vida.
Si bien los códigos penales de varios países de las américas tipifican y penalizan
los delitos contra la salud pública, en el caso de Bolivia el Código penal en su
Art.216 establece que “comete delito quien propagare enfermedades graves
o contagiosas u ocasionare epidemias” y quien cometiere “actos contrarios a
disposiciones sobre higiene y sanidad”. Sin embargo, es un desafío para los
gobiernos lograr que la población acate las disposiciones de contingencia sin
tener que recurrir a la penalización de los ciudadanos y más bien apelar a la
conciencia ciudadana.
En cuanto a las restricciones adoptadas por los gobiernos para lograr controlar
el avance de la enfermedad, se deben tener en cuenta las necesidades de la
población, en especial de los más vulnerables, adoptando medidas positivas
necesarias para paliar los efectos de la cuarentena, para lo cual vemos,
nuevamente, que se debe acudir al diálogo con los diferentes sectores para
conocer y concretar medidas que sean un importante soporte, tales como la
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