REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
• El diálogo jurisprudencial puede darse entre distintas jurisdicciones
en un mismo nivel (horizontal), como sería entre tribunales
constitucionales nacionales o entre tribunales supranacionales en
materia de Derechos Humanos, así también entre distintos niveles
locales e internacionales (vertical).
2. Análisis
2.1. Diálogo jurisprudencial vertical
El diálogo jurisdiccional vertical, también denominado regulado, es sostenido
entre tribunales supranacionales cuya jurisdicción emerge del Derecho
Internacional Público, estableciéndose las reglas procesales que regulan la
interacción del juez local con el tribunal supranacional.
Es un diálogo jurisprudencial regulado por el carácter vinculante de las
decisiones de los tribunales supranacionales para el Estado parte y -por tantola
jurisdicción nacional; bajo el entendido de que, esta última no puede aplicar
disposiciones normativas de derechos fundamentales sin relacionarlas con las
prerrogativas y garantías de los derechos protegidos por las fuentes válidas y
vigentes del Derecho Internacional Público. Verbigracia, el Derecho nacional,
producto de la constitucionalización del ordenamiento jurídico se encuentra
abierto y receptivo al Derecho Internacional Público, convirtiéndolo en un
derecho viviente y progresivo.
En Latinoamérica, el diálogo jurisprudencial entre las distintas jurisdicciones
nacionales compuestas por sus altos tribunales en materia ordinaria y
constitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó
gradualmente a partir de los años noventa. Dicha Corte viene interpretando
los Derechos Humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos
Humanos y otros que componen el corpus iuris del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, y los aplica en sus diversas sentencias pronunciadas
en el ejercicio de su competencia contenciosa; en ese sentido, la adopción
de las medidas legislativas (Derecho interno) que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece como deber del Estado parte ante
la eventual situación de que los Derechos Humanos no se encuentren
debidamente asegurados y garantizados, conlleva un deber de adecuación
del ordenamiento jurídico local, desde el texto constitucional hasta la última
64