REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres
o su derecho consuetudinario.
2. Dichos Pueblos deberán tener el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que estas no
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
El artículo noveno del Convenio 169 establece lo siguiente:
1) En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión
de los delitos por sus miembros
2) Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de
dichos pueblos en la materia.
Este instrumento internacional fue ratificado por Estado de Bolivia mediante
Ley 1257 de 11 de julio de 1991, desde ese momento fue de cumplimiento
obligatorio bajo el principio pacta sunt servanda, conforme establece el
art. 26 de la Convención de Viena (Derecho de los Tratados), en ese sentido
este Convenio Internacional, obliga a los Estados a respetar y reconocer el
sistema jurídico de los pueblos indígenas de manera formal para la protección
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos.
Se tiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007), Declaración que Bolivia eleva a rango de ley
mediante la Ley Nº 2760 de fecha 07 de noviembre de 2007, que en su artículo
quinto establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar
sus propias instituciones políticas, jurídicas, sociales y culturales,” por lo que
lo pueblos indígenas tiene derecho a conservar y reforzar su sistema jurídico
principalmente en el ámbito de la jurisdicción indígena.
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