REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985
“La Colegiación Obligatoria De Periodistas” indicó: “si a una misma situación
son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe
prevalecer la norma más favorable a la persona humana”.
Por otro lado el TCP, en la SCP 2233/2013 adoptó la doctrina del estándar
jurisprudencial más alto, establece que es precedente vinculante y por tanto
fuente directa de derecho, el entendimiento más favorable y progresivo al
derecho en discusión. En este entendido, no rige el principio de temporalidad
sino el de favorabilidad y por ello el precedente en vigor no es el último
desarrollado por el TCP, sino el más favorable. La doctrina del estándar
jurisprudencial más alto no es solamente aplicable en el Estado Plurinacional
de Bolivia, sino también, debe ser considerado en el marco de un diálogo
interjurisdiccional multinivel. (Attard Bellido, 2017)
En este sentido se puede entender que la interpretación que rige en
materia de derechos humanos es aquella que favorezca en un sentido más
amplio para beneficiar a los derechos humanos, y deben ser aplicados en el
ordenamiento jurídico boliviano comprendiendo tanto el sistema Universal
como Interamericano de derechos humanos.
3. Conclusiones
Al final del análisis se ha llegado a la conclusión que si bien la Corte IDH indique
que el concepto de persona únicamente abarca al nacido y la protección jurídica
del nasciturus no es absoluta, no quiere decir que no se le reconozcan derechos
al nasciturus por su dignidad como ser humano, es más, a lo expresado por los
tratados internacionales, tanto la Declaración de los Derechos del Niño y La
Convención de Derechos del Niño, se otorgan derechos humanos específicos
a los niños desde la concepción, es decir que el nasciturus requiere de
protección especial por su calidad de niño. Estas convenciones son parte del
sistema universal de derechos humanos, un sistema lejos de la competencia
de interpretación de la Corte IDH, por lo que su carácter interpretativo es
insuficiente por sobre las mismas.
Por otro lado cabe resaltar que ambos documentos contienen un ámbito
de protección mucho más amplio frente a la interpretación establecida por
la Corte IDH, y en virtud del principio Pro Homine y la doctrina del estándar
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