REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
con la valoración sobre la legalidad de una detención. La actuación
de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la
normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de
seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales
que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo
compromiso internacional asumió…”.
Por su parte, Ferrer Mac-Gregor en el párrafo 80 de su Voto Concurrente
a la Sentencia de 30 de enero de 2014, dentro del Caso Liakat ali Alibux vs
Suriname, indicó al respecto del diálogo jurisprudencial que:
“…De esta forma, es posible afirmar que la integración a nivel normativo
pero sobre todo interpretativo en el ámbito internacional y nacional
coadyuva a la consolidación de un Sistema Interamericano Integrado,
que permite un diálogo intenso entre todos los operadores jurídicos,
especialmente con los jueces de todas las jerarquías y materias, lo que
va produciendo indisolublemente la base para la consolidación de los
medios legales que permitan garantizar la eficacia de los derechos
fundamentales y la creación de un ius constitutionale commune en
materia de derechos humanos en nuestra región....”.
2.2. Control Difuso de Convencionalidad
Entre las autoridades estatales vinculadas por los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos, resaltan por la trascendencia de su actividad las
autoridades judiciales; ya que, de acuerdo con la naturaleza de su función de
impartir justicia, son quienes en mayor medida pueden procurar su respeto y
la vigencia efectiva.
En la actualidad, las disposiciones normativas de Derechos Humanos de
fuente internacional son normas constitucionales a consecuencia del bloque
de constitucionalidad y sirven como parámetros objetivos para el control
de la regularidad de los actos, omisiones y el resto de las disposiciones
normativas del ordenamiento jurídico; se trata de viabilizar -efectivamente- el
denominado control difuso de convencionalidad. A su vez, con la exigencia
de la interpretación desde y conforme los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos y la observancia del principio pro persona, los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y los
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