REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
conceptual, equipararse a las mismas; sin embargo, este razonamiento de
ninguna manera tampoco puede ser entendido como el menoscabo de las
normas y procedimientos propios, sino que por el contrario, si bien no pueden
ser conceptualizadas como las leyes, por mandato constitucional, deberán
tener los mismos efectos y connotación que aquellas.
En todo ese desarrollo, el ejercicio de competencias en el ámbito autonómico
impuesto por la actual Constitución, implicaría que los gobiernos autónomos
IOC se encuentren obligados a que, de entre sus normas y procedimientos
propios, identifiquen cuales serán consideradas leyes, cuales como
reglamentos y así con otros tipos de instrumentos normativos que son propios
de la administración pública, corriéndose el riesgo de que en esa identificación
así como en la definición de autoridades que emitan dichas normativas, se
encuentren asimilando una organización gubernativa propia del sistema
republicano afectando sus sistemas jurídicos y políticos y por ende su libre
determinación.
Por otra parte, habiéndose hecho referencia al ámbito normativo, cabe también
mencionar a como se encuentra ordenada la actual jerarquía normativa
en el marco del Estado con autonomías y que lugar tienen en la misma las
normas y procedimientos propios de las autonomías IOC; en ese sentido, para
comprender como al presente se encuentra ordenada la jerarquización de
normas, resulta innegable que se deba recurrir a la adecuada comprensión
de los tipos de competencias anteriormente referidos, así como a la actual
organización del Estado considerando a cada una de las entidades territoriales
autónomas; asimismo, deberá tenerse presente lo establecido en el art. 410.II
de la CPE e innegablemente a las normas y procedimientos propios; al respecto,
dicho precepto constitucional establece lo siguiente: “La Constitución es
la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía
frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de
Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el
país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía,
de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales
254