REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
3. Conclusiones
El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, ha ido más allá de la simple
protección de los derechos de los seres humanos, logrando establecer la
subjetividad de los derechos en la naturaleza, considerando la importancia
de la misma bajo la necesidad de su cuidado para el desarrollo de la vida; es
el ser humano quien depende de la naturaleza, y no de manera contraria.
Este es un cambio de paradigma, que busca reformar incluso el sistema
económico extractivo de la tierra, en un desarrollo responsable que permita la
regeneración de los ciclos de vida de los ecosistemas.
El desarrollo de los derechos bioculturales (Colombia), de la naturaleza
(Ecuador) o de la madre tierra (Bolivia), genera conciencia en pro del
respeto por el planeta y sus ecosistemas, buscando implementar el derecho
convencional que desde finales del siglo pasado había llamado la atención de
organismos internacionales, en la búsqueda de una coexistencia responsable:
el planeta necesita demanda cuidado como fuente los elementos naturales
que sustentan toda vida, por lo cual se hace absolutamente necesario generar
políticas y medidas concretas que permitan su protección efectiva.
Las culturas tradicionales de América Latina conciben al planeta tierra ejerciendo
un rol de “madre” en un sentido generador de vida; la occidentalización que
se dio con la conquista del territorio americano llevó a que parte de esta
percepción se olvidara, permitiendo que la explotación desmedida del planeta
fuera vista como un sinónimo de “progreso”; hoy en día los altos tribunales
del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, han llegado a comprender
aquellas visiones tradicionales como una forma de vida responsable con los
ecosistemas.
Al establecer la naturaleza como sujeto de derechos, y bajo el entendido de
la imposibilidad de ella para hacerlos valer, es importante que el desarrollo
y protección de los mismos recaiga sobre cualquier ciudadano que pueda
interponer acciones constitucionales que permitan el pleno goce de ellos.
En el caso de Nariño, la validez del Decreto 384 de 2019 se desprende del orden
constitucional, el cual permite que los gobernadores actúen en cumplimiento
de dicho mandato y de los legales; en este sentido, la expedición del mismo
logra cumplir con dichos formalismos, determinando así los ecosistemas
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