REVISTA CURSO SOLIDARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA
entrega de bonos, ayuda en alimentos y medicinas, así como el respeto de la
cuarentena comunitaria en el ámbito de las comunidades indígena, originaria
campesina y facilitar el acceso a una atención de salud pronta y oportuna.
De igual manera, en el caso de la vivienda, pese a ser un derecho ampliamente
respaldado por la Constitución, las leyes y la jurisprudencia constitucional, su
protección y cumplimiento ha sido ignorado por los diferentes gobiernos, lo
cual hace imposible aislar a algún familiar que haya contraído el virus debido a
que viven varias personas en las viviendas compartiendo un solo ambiente, lo
cual trae como consecuencia el contagio de toda la familia.
Otro derecho fundamental que debería ser protegido por los Estados, de
acuerdo a las Constituciones, los Tratados y Convenios Internacionales y
la amplia jurisprudencia constitucional de varios países es el derecho al
acceso al agua mediante instalaciones de agua potable, para poder cumplir
con las medidas de higiene en cuanto al lavado de manos, prendas de vestir
y desinfección, tampoco ha sido cabalmente protegido. Gran parte de la
población no posee acceso al agua, menos conexiones sanitarias en sus
viviendas, lo cual los expone y hace vulnerables al COVID 19.
Otra gran preocupación se refiere a uno de los derechos más vulnerados por la
pandemia y es el derecho a una vida libre de violencia, sea esta intrafamiliar o
contra las mujeres; pero es una realidad la violencia generalizada, en especial
por razones de género, raza y etnia, por lo cual se deben tomar las medidas
necesarias para una pronta respuesta pues en muchos casos la víctima o
víctimas están encerradas en sus hogares por la cuarentena con su agresor.
Al respecto, Rosa Muñoz Lima en un artículo publicado en la página de
Deutsche Welle sobre el tema se pregunta ¿Qué ha hecho América Latina
para evitar feminicidios? Y nos va presentando la siguiente información: en
Perú, durante los dos primeros meses de cuarentena nacional, decretada el 16
de marzo, se registraron 12 feminicidios y 26 tentativas de feminicidio, según
la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, durante los tres meses y medio que
duró la cuarentena, hasta el 30 de junio, 915 mujeres desaparecieron. Un dato
significativo si se toma en cuenta que Perú registró 166 feminicidios en 2019, y
una décima parte de ellos fue primero catalogado como desapariciones.
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