Investigación operativa en planificación familiar: Lecturas Selectas

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suministro limitado de trabajadores de salud, han creado la necesidad de contar
con prestadores no profesionales. La investigación que se realiza en los
programas africanos de DBC ha reportado principalmente acerca de la eficacia
de los programas en lo que se refiere al acceso a poblaciones objetivo; sin embargo,
en trabajos más recientes realizados en África (Bertrand y cols., 1993), se
ha comenzado a dar información sobre los costos de los programas de DBC. El
primer artículo de esta sección (Doucoure y cols., 1993), es el informe de un
proyecto de DBC de demostración que se llevó a cabo en 52 poblaciones rurales
en Mali. Este trabajo, al igual que muchos de los anteriores que se hicieron sobre
impacto y acceso, fue muy eficaz para convencer tanto al gobierno del país como
al donante internacional, USAID, de que apoyaran un extenso programa de
planificación familiar para las áreas rurales.
Acceso económico
Los gerentes de programa no pueden mejorar los ingresos de sus usuarios, pero
pueden influir sobre los precios de sus servicios. La meta de los primeros
programas de planificación familiar era minimizar los costos económicos para
los usuarios. A menudo, se proporcionaban los anticonceptivos gratuitamente o
a precios nominales (Foreit, 1978), y en muchos otros casos se les distribuía
también gratuitamente en los hogares, lo que eliminaba algunos costos para el
usuario, como por ejemplo los gastos de transporte. En una revisión de la
bibliografía sobre el tema, Lewis (1986) encontró que al reducirse los precios de
los anticonceptivos se incrementaba la cantidad que se distribuía. Dichas
reducciones, sin embargo, no siempre dieron como resultado un incremento
neto en el uso de métodos de anticoncepción. En algunos casos, tales
disminuciones sólo lograron que los consumidores existentes sustituyeran las
fuentes de suministro a precios menores por lugares de venta con precios más
altos (World Bank, 1993). De manera similar, hay evidencia que sugiere que los
usuarios con ingresos más elevados reciben la mayor proporción de subsidios
para los anticonceptivos (Haaga y Tsui, 1995).
En la década de los noventa, con una creciente demanda por anticonceptivos
y con los estancados o disminuidos recursos de donantes internacionales
para programas de planificación familiar, los prestadores comenzaron
a cobrar honorarios cada vez más altos por los servicios de anticoncepción.
Existe una inquietud muy difundida en el sentido de que los aumentos de precios
pueden llegar a impedir que los usuarios más pobres accedan a la planificación
familiar. Como resultado de la reducción de los subsidios para los usuarios, el
problema de acceso económico ha cambiado: de maximizar el acceso a la
planificación familiar mediante la reducción de precios, a minimizar las
reducciones en el acceso ocasionadas por la necesidad de elevar los precios.