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El País posa su mirada sobre la contaminación del Riachuelo
"Un día le cantó Gardel y hoy es una de las cinco vías de agua más sucias de la Tierra", destaca el diario madrileño
Lunes 16 de mayo de 2011 | 12:35 (actualizado hace 42 días)
Soldead Gallego-Díaz
El País
Oficialmente se llama Cuenca de Matanzas-Riachuelo y son 64 kilómetros, que parten de La Boca, en la Capital
Federal, protegida por unas barreras que alejan los residuos para que no se espanten los turistas que acuden a
visitar el famoso Caminito, y pasan por varios municipios de la provincia de Buenos Aires, como Lanús o Lomas de
Zamora. Un pequeño paseo en bote por la zona más cercana a la capital muestra agua completamente muerta, lodo
infecto, y basurales continuados, mezclados con un tejido industrial de pequeñas y grandes empresas que vierten
sus residuos sin ningún tipo de control. El olor se hace, a tramos, insoportable.
La situación es tan escandalosa que la Corte Suprema, en un fallo sin precedentes de 2008, exigió que las
autoridades del Gobierno federal, de la capital y de la provincia pusieran en marcha un plan urgente de saneamiento,
que se financiaría con un crédito ya concedido del Banco Mundial.
Lo primero, ordenó la Corte, es asentar en otros lugares a los pobladores de las villas (barrios de chabolas) que
están pegadas al lecho del Riachuelo, sobre todo la Villa 21-24, el asentamiento llamado El Pueblito y los que existen
en Lanús. Lo segundo, conseguir que las miles de empresas, grandes, medianas y pequeñas, que vierten su
peligrosa porquería en el río, pongan en marcha planes de reconversión.
En agosto de 2010, un juez federal encargado de la ejecución del plan decidió imponer una multa diaria al presidente
de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) por falta de acción. La multa se terminó suspendiendo, se cambió al
presidente de Acumar y se empezaron a realizar algunas obras.
Este año, la misma Corte ha convocado una audiencia pública para junio en la que la Autoridad de la Cuenca deberá
explicar los pobres avances conseguidos y reconocer que los objetivos marcados están lejos de cumplirse. Los
habitantes de las principales villas no han sido trasladados y ni tan siquiera existe un censo real de las empresas que
vierten sus residuos al río.
La lista de "agentes contaminantes" registra unas 4100 firmas, cuando las principales ONG que trabajan en la zona
creen que son cerca de 20.000, algunas de ellas pequeñas, pero igualmente dañinas. Para colmo, un grupo de las
escasas viviendas levantadas para alojar a los desplazados, ha sido ocupado ilegalmente por los habitantes de otras
villas, sin que ni la policía federal, ni la provincial ni la municipal hayan hecho nada para desalojarlas, pese a tres
órdenes judiciales consecutivas. Nadie quiere, en plena época electoral, que "su policía" protagonice enfrentamientos
callejeros.
El último informe del Cuerpo Colegiado, organismo creado para vigilar el cumplimiento de la sentencia y al que
pertenecen el Defensor del Pueblo y ONG como Greenpeace, asegura que el número de basurales en la zona, que
debió haber sido controlado en 180 días, no solo no ha disminuido sino que ha aumentado y no se ha llevado a cabo
ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos.