Los tiempos del cuidado - Imserso

El cuidado formal se ha definido como el “conjunto de acciones que un profesional oferta de forma
especializada, y que va más allá de las capacidades que las personas poseen para cuidar de sí mismas
o de los demás” (Francisco del Rey & Mazarrasa, 1995: 62). La relación del cuidador formal con la
persona que recibe los cuidados está regulada, se enmarca habitualmente dentro de una institución y
el proveedor suele recibir remuneración económica. Ello implica la universalidad en la prestación del
cuidado formal (Herrera Gómez, 1998): se provee a cualquier persona que lo necesite y/o que puede
pagarlo, a diferencia del cuidado informal, que se circunscribe a la red social del proveedor y depende
de mecanismos informales.
El proveedor de cuidado formal es un profesional que oferta un servicio para el que tiene una preparación
que lo habilita. Es un profesional que desempeña tareas de asistencia especializada, a diferencia
de la atención generalista que se le atribuye al cuidador informal. La relación entre cuidador y receptor
está caracterizada por una neutralidad afectiva, en contraste con la implicación emocional del cuidador
informal (Herrera Gómez, 1998).
Desde nuestro punto de vista, cuidado formal es toda aquella asistencia a personas mayores que necesitan
ayuda en las actividades de la vida diaria, y en la que concurre alguno de los siguientes criterios:
el cuidado se provee (a) sobre una relación contractual –oral o escrita- o (b) a través de un organización
–empresa, institución pública u organización sin ánimo de lucro-. Existen dos tipos básicos de cuidado
formal: el que se provee desde las instituciones públicas, y el que se contrata a través de las familias.
Los servicios públicos de cuidado pasan a través de una organización burocratizada y están, al menos en
parte, financiados públicamente. En este tipo de cuidado suele desarrollarse una mayor neutralidad afectiva
que en el contratado por las familias. En la actualidad, los servicios públicos están experimentando una
importante transformación a raíz de la Ley de Dependencia. Para Bazo y Ancizu (2004), antes de la puesta
en marcha de la ley, el uso de servicios públicos de cuidado era estigmatizador y tenía una connotación
negativa, relacionada con la desatención desde la familia: “Existe una norma no escrita de que sólo se debe
acudir a los servicios sociales cuando la familia no esté disponible para cuidar” (Bazo y Ancizu, 2004: 70).
Cabe esperar que la consolidación del nuevo derecho a la atención personal en situación de dependencia,
proclamado por la nueva ley, promueva un cambio de mentalidad sobre este tipo de servicios.
Las familias recurren cada vez más a servicios privados de cuidado para hacer frente a la atención de
sus miembros dependientes en España. Cuando la dependencia es severa, muchas personas mayores no
están en disposición de tomar decisiones sobre su propio cuidado. En el 58% de los casos son los hijos
quienes deciden contratar este servicio y en el 19% vecinos o conocidos (IMSERSO, 2005) 7 . Las familias
suelen contratar un cuidador como último recurso y en ocasiones con gran sentimiento de culpa. Con
esta contratación las familias buscan que se les sustituya en el desarrollo de la actividad de cuidado; es
decir, que las actividades de cuidado se realicen con similar diligencia y trato con el que lo haría una hija
7) Los datos estadísticos de este apartado provienen del informe Cuidados a las personas mayores en los hogares españoles:
el entorno familiar (IMSERSO, 2005). Este informe recoge los principales resultados de la Encuesta de Apoyo Informal
a Mayores en España 2004, que contiene un cuestionario específico aplicado a 207 empleados de hogar.
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CONTEXTO SOCIAL DEL CUIDADO INFORMAL: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
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