Los tiempos del cuidado - Imserso

Uno de los debates más candentes en los estados de bienestar actuales se centra en qué y cuánto debe
pagar cada uno de los agentes implicados. Uno de los tipos de gestión más extendidos en la actualidad
es el copago de los servicios, en el que el receptor y/o la familia financian parte del coste en función
de una serie de criterios (renta, patrimonio, etc.). En teoría, el copago no presenta especiales problemas
para las rentas altas, que pueden permitirse asumir el coste, ni para las rentas muy bajas, a las que se
cubriría el coste en su totalidad. Sin embargo, esta forma de financiación sí podría aumentar la vulnerabilidad
económica en las rentas medias-bajas, a las que el sistema público cubriría sólo parcialmente.
Hay tres cuestiones clave en relación con los servicios de atención a las personas dependientes: (1) qué
servicios concretos deben proveerse, (2) qué criterios deben utilizarse para determinar quién necesita
qué servicios y (3) qué agentes deben proveer esos servicios. Es clave también definir qué agentes deben
sostener económicamente esos servicios y cómo y dónde deben proveerse. Los servicios se han diferenciado
frecuentemente entre aquellos que se proveen en la comunidad, manteniendo a la persona en
el hogar de origen, y los que implican la institucionalización en un centro. Los primeros tienen menor
coste que los segundos, que implican una mayor concentración de gasto en personal e infraestructuras.
Generalmente, el cuidado en el hogar y en la comunidad de referencia es considerado implícitamente
como más conveniente. Para Herrera, el creciente interés por el cuidado que se provee en la comunidad
parte de tres motivaciones fundamentales (Herrera Gómez, 1998):
1. Los límites estructurales del Estado Social para dar respuesta a las necesidades relacionales de
los individuos.
2. La ampliación de la demanda asistencial debida fundamentalmente al envejecimiento demográfico
y al aumento de la esperanza de vida.
3. La creciente diferenciación de la demanda asistencial, que nace de una revolución de expectativas
en lo relativo al cuidado a la salud (nuevas necesidades y nuevas respuestas).
En la actualidad, las políticas públicas parten de la idea previa de que lo deseable es que las personas
dependientes se mantengan el mayor tiempo posible viviendo en su comunidad y fuera de las instituciones
(ageing in place, en la literatura anglosajona). Hay dos estrategias principales para fomentar el
mantenimiento de las personas dependientes en su comunidad, con consecuencias diferenciadas: por
un lado, transferir dinero hacia los hogares con personas dependientes y, por otro, proveer servicios de
manera directa en los hogares o comunidades de origen. Se ha sugerido que las políticas basadas en la
provisión de servicios desde las administraciones públicas son más eficientes, más equitativas y tienen
un efecto positivo en el empleo femenino (Sarasa & Mestres, 2007).
El modelo de provisión de cuidado basado en el mantenimiento de la persona en la comunidad y el
hogar de origen ha suscitado algunas críticas. La principal expone que este tipo de servicios conlleva
un alto grado de cuidado informal que es provisto por un sector de población específico: mujer de
mediana edad, con estatus socioeconómico medio-bajo y fuera del mercado laboral. Este hecho es
frecuentemente obviado en el diseño y evaluación de los servicios públicos. En cualquier caso, formular
el problema de este modo puede llevar a equívoco e inducir a pensar que las opciones se reducen a
LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA: EL ENVEJECIMIENTO Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA
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