Los tiempos del cuidado - Imserso

A pesar de las disposiciones introducidas en el marco legal general, no todos los individuos son atendidos
con iguales recursos y hay un buen número de personas en situación de infracuidado o que no
reciben atención en absoluto. Entonces, ¿quién disfruta del derecho a ser cuidado y quién no?, ¿de qué
depende el disfrute de este derecho?
El ciudadano de las democracias occidentales actuales, como sujeto político, se ha conceptuado como
un individuo autónomo en el desarrollo de su vida cotidiana y en su toma de decisiones. Sin embargo,
esta idea de ciudadano contrasta con el hecho irrefutable de que todos los individuos adquieren
en algún momento de sus vidas, con una duración variable, la condición de enfermo o persona con
discapacidad. En muchos casos, los enfermos son personas que necesitan ayuda de otros y que no
pueden tomar decisiones por ellos mismos. Cabe preguntarse si, en esos casos, el ciudadano no pierde
parte de su esencia como tal. En la actualidad, existe un encendido debate sobre los límites del derecho
individual a decidir sobre la propia salud y sobre la propia muerte. Éstos últimos, denominados por
María-Ángeles Durán como los “derechos de salida” (Durán, 2007), abordan debates tan actuales como
los relativos a la eutanasia y los cuidados paliativos.
Al señalar a los derechos se traza al mismo tiempo una flecha en dirección a las obligaciones: cuando
a alguien se le asigna un derecho, otra persona tiene el deber de satisfacerlo. La delimitación de responsabilidades
consiste en conectar a quien ha de disfrutar el derecho con quien tiene la obligación
de garantizarlo. La idea de deber está relacionada con “aquello a que está obligado el hombre por los
preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas” 21 . Si se asume que el cuidado es también un
deber (legal o moral) para quienes están cerca de las personas dependientes, la pregunta que surge es:
¿para quién lo es? Dicho de otro modo: ¿a quién le corresponde la carga del cuidado?
En el discurso de los cuidadores de familiares mayores dependientes está muy presente la idea de
obligación, de que cuidar constituye el cumplimiento de un deber (Bazo & Domínguez-Alcón, 1996). El
cuidado de las personas dependientes es responsabilidad de los ciudadanos y del Estado, aunque es este
último el que establece los límites y funciones de cada uno de los agentes implicados en su desarrollo.
Son los poderes públicos, en última instancia, quienes a través de la legislación y las políticas públicas
establecen los niveles de cuidado a la salud que se asumen desde lo público y aquellos que han de ser
afrontados (que no satisfechos) desde el ámbito privado.
En España, la programación de servicios públicos se basan en una organización familiar sustentada en
la solidaridad intergeneracional (provisión de cuidados de padres y madres a sus hijos, o a la inversa,
y de abuelos y abuelas a sus nietos) e intrageneracional (apoyo de cuidados derivados de los requerimientos
del empleo remunerado o de la enfermedad de uno de los cónyuges, principalmente). Bajo
esta situación subyace una teoría política que sitúa los límites de la solidaridad entre los individuos
obviando el desequilibrio existente en el reparto de recursos (Durán, 2003). El Estado, al no poner de
manifiesto los sectores sociales que soportan principalmente estas obligaciones, legitima la desigual
distribución de la producción de cuidados. En este sentido, algunas autoras han reclamado un nuevo
contrato social entre géneros (Torns, 2008: 71).
21) www.rae.es, 2007.
MARCO CONCEPTUAL, ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
45