ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ... - Segib

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En Chile, el artículo 19 número 10 de la Constitución Política de la República
consagra el Derecho a la Educación, y le impone al Estado obligación de "otorgar especial
protección al ejercicio de este derecho" (inciso 2°), siendo en virtud de esta norma, deber del
Estado, velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior, y
garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a la capacidad e
idoneidad de los postulantes. La misma disposición establece en su inciso 4° que:
"Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles..." En
el número 11 la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales, no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral,
las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida
oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Una ley
orgánica constitucional de enseñanza establecerá los requisitos mínimos que deberán
exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas
objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley,
del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel".
La libertad de enseñanza, en cuanto implica la apertura, organización y
mantenimiento de establecimientos educacionales, garantiza la autonomía académica,
administrativa y económica de las Instituciones de Educación Superior, tanto estatales, como
particulares reconocidas por éste. Otro aspecto involucrado en la libertad de enseñanza es la
función que le corresponde al Estado en orden a fomentar el desarrollo de la educación
superior y contribuir al adecuado financiamiento de aquellas actividades y funciones que
respondan a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país.
En Chile es de destacar que existen Normas sobre Centros de Formación
Técnica, las cuales buscan la creación y disolución de Centros de Formación Técnica, con
el fin de ofrecer alternativas educacionales a los egresados de Enseñanza Media que
satisfagan sus intereses y necesidades de acuerdo a las reales posibilidades del campo
ocupacional. Define a los Centros de Formación Técnica como establecimientos de
enseñanza superior, cuyo objetivo fundamental es formar técnicos idóneos con la capacidad
y conocimientos necesarios para el ejercicio de las respectivas actividades.
Señala además, que le corresponde a dichas instituciones otorgar títulos técnicos.
Sin duda este es una de las normas que podría ser extensiva en toda América Latina en
virtud de que el sector turístico requiere de mandos operativos que se capaciten en centros
de formación.
En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior es el
órgano del Ejecutivo Nacional encargado de la dirección estratégica de la educación superior
venezolana. Ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación Superior y le corresponde
la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones dirigidas a
garantizar una educación superior de calidad para todas y todos, que se constituya en factor
estratégico para el fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad
socialista, democrática, participativa y protagónica. Está dividido en tres vice ministerio:
Viceministro de Planificación Estratégica, Viceministro de Desarrollo Académico y
Viceministro de Políticas Estudiantiles. Cada vice ministerio posee tres direcciones y
adicionalmente existen los órganos desconcentrados (Institutos Universitarios, Colegios
Universitarios y Consejo Nacional de Universidades). Por otro lado los entes
descentralizados son: Universidades Experimentales, Universidades Autónomas, entre otros.
La oferta educativa de la región cuenta con 74 escuelas tanto públicas como privadas
que cuentan con 109 programas de diferentes niveles para atender las necesidades
específicas del sector. Los cuales se dividen en: capacitación con el 17 %, adiestramiento
con el 7 %, capacitación técnica con el 24 % y capacitación profesional con el 52 %.