Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

121de que la falta de determinación del mismo por parte del interesadodebe suplirse con una decisión de la Oficina Consular.En suma, el sistema responde al hecho de que -en el marco delas circunscripciones provinciales- es necesario fijar en cuál de ellas debecomputarse el sufragio emitido en el exterior. Pero una cosa es acudir a laficción de adscribir al emigrante a un municipio español para hacer posibleel escrutinio del voto que emita, por ejemplo, en las elecciones generales,y otra distinta consagrar esta ficción como mecanismo de acceso a lavecindad parcial del municipio de que se trate y correlativamente alderecho de elegir a sus concejales.Esta situación contrasta con la de los electores residentes enterritorio nacional, para quienes, siendo la condición de vecino única(artículo 55.2 del citado Reglamento de población y demarcación de lasentidades locales), el cambio de residencia conlleva el alta en el Padróndel municipio de destino con la consiguiente pérdida de la vecindad delmunicipio de origen (artículo 70 del mismo reglamento), en el que lequeda vedada cualquier opción de elegir a sus concejales.Por último, conviene hacer una valoración de la decisión dellegislador español, trayendo a colación la Declaración del TribunalConstitucional 1/1992, de 7 de julio. En ella el Tribunal Constitucional seopuso a que el legislador pudiera “acuñar o troquelar nacionalidades adhoc con la finalidad de eludir la vigencia de la limitación contenida en elartículo 13.2 de la Constitución”, otorgando a los ciudadanos de la UniónEuropea, a efectos del derecho de sufragio municipal, la consideración denacionales españoles 39 . La traslación de este razonamiento a la materiaexaminada deja muchas dudas acerca de la decisión del legislador de39 El Tribunal Constitucional señala que el legislador de la nacionalidad debe “definir quiénesson españoles, es decir, quiénes tienen, potencialmente, capacidad para ser titulares decualesquiera situaciones jurídicas en el ordenamiento y sobre ello no le da la Constituciónpauta material alguna. Pero no puede, sin incurrir en inconstitucionalidad, fragmentar, parcelaro manipular esa condición, reconociéndola solamente a determinados efectos con el únicoobjeto de conceder a quienes no son nacionales un derecho fundamental, que, como es elcaso del sufragio pasivo, les está expresamente vedado por el artículo 13.2 de la Constitución”(DTC 1/1992, de 7 de julio, FJ 5).