Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

244En el plano de las propuestas de modificaciones legislativas, hay queremontarse a la VI Legislatura, para encontrar una proposición de ley dereforma de la LOREG en este punto, que resultó finalmente caducada y la cualse basaba en esencia en un sistema de elección directa de alcalde a doblevuelta, en votación diferenciada a la de los concejales, con prima electoral paralas listas de partidos que apoyasen su candidatura que se cifraba “en torno alcincuenta y cinco por ciento” de los concejales y que debería ir acompañadadel reforzamiento de competencias del pleno.A la vista de estas propuestas -y del paralelo esfuerzo doctrinal porencontrar un sistema favorecedor de la representatividad democrática de lafigura del alcalde, sin merma de la gobernabilidad para el funcionamiento delsistema municipal-, se analiza a continuación la evolución de esta cuestión ennuestro Derecho, para examinar después su vigente regulación y lassoluciones que el Derecho comparado ha ofrecido en relación con ella. Porúltimo se estudiarán las posibles líneas de reforma y sus riesgos.2. Breve reseña histórica y marco constitucionalLa cuestión de la provisión de los cargos de alcalde (ya fuese concarácter electivo, ya mediante designación gubernativa) es una de las querecorren toda la legislación histórica española de régimen local. No se trataaquí de hacer un recuento detallado de esta legislación y sí sólo de apuntaralguna de sus características más destacadas.Durante el siglo XIX, y aun cuando las constituciones (desde el artículo312 de la Constitución de Cádiz) reconociesen el carácter electivo de loscargos locales, la legislación de régimen local oscilará entre un sistema electivopor sufragio censitario y otro de signo centralizador, conforme al cual elnombramiento de alcaldes correspondía al Rey o al Gobierno, si bien entre losconcejales elegidos por dicha forma de sufragio. El sistema electivo de cargosmunicipales y alcaldes estuvo presente en la Instrucción para el gobiernoeconómico de las provincias de 1823, en el Real Decreto para el arregloprovisional de los Ayuntamientos del Reino de 1835 y en la Ley de