Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

82se reconozca a quienes tienen una residencia habitual o con vocación depermanencia (lo que puede plasmarse en una manifestación de voluntad sobresu opción de ejercer el derecho en España). Reflejo de ello es que la exigenciade un periodo previo de residencia constituye requisito habitualmente recogidoen los instrumentos internacionales a que se hizo referencia en su momento.Así, el Convenio del Consejo de Europa sobre participación de los extranjerosen la vida pública en el ámbito local establece una residencia previa de cincoaños (aunque prevé la reducción de este plazo) y los trabajos de la Comisiónde Venecia también aluden a un “cierto periodo de residencia” previa o alreconocimiento a favor de los “residentes de larga duración”. A partir de todoello, se puede valorar la exigencia de un periodo de residencia en torno a loscinco años.Dicha sugerencia admite una modulación mediante el establecimientode diferencias entre grupos de extranjeros, como se ha visto que ocurre enalgunos casos en Derecho comparado. La diferencia ya existe en relación conlos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, a quienes no seexige periodo de residencia previa, aunque sí una manifestación de voluntadsobre su opción de ejercer el derecho en España, lo que también podríarecabarse de los demás extranjeros a quienes se reconociera el derecho desufragio. Podría introducirse otra diferencia en relación con los nacionales delos países iberoamericanos o de aquellos que hayan tenido o tengan unaparticular vinculación con España, como se ha visto que sucede en algunosmodelos de Derecho comparado (como el Reino Unido o Portugal) y que, enEspaña, encontraría un fundamento constitucional indirecto en el artículo 11 dela Constitución; en relación con ellos podría establecerse un periodo previo deresidencia limitado a dos años, que es el periodo que basta a efectos deconcederles la nacionalidad por residencia (artículo 22 del Código Civil). Paralos nacionales de los demás Estados, podría establecerse un periodo deresidencia previa de cuatro o cinco años, o bien el fijado en cada tratado oacuerdo internacional que sea aplicable en relación con ese Estado.Ciertamente, el reconocimiento del derecho de voto a los extranjerosresidentes se vincula a la estabilidad de la residencia y esa estabilidad se