Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

16reconoce el ejercicio de tal derecho a los “ciudadanos”; y el artículo 1.2, encuya virtud “la soberanía nacional reside en el pueblo español”.2.3. ContenidoLos derechos de participación en los asuntos públicos y de acceso a loscargos públicos son distintas manifestaciones de la participación política, demodo que ambos se proyectan sobre el mismo ámbito y comparten los mismostitulares, pero ello no impide que se señale por separado el contenido que elTribunal Constitucional ha deducido de cada uno de ellos.En cuanto a la participación en los asuntos públicos, el artículo 23.1comentado recoge la vertiente activa de la participación política en las dosformas en que ésta se ha manifestado a lo largo de la historia constitucional:directa y representativa. El Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión depronunciarse acerca del diferente peso que cada una de estas figuras tiene enel ordenamiento español, reconociendo el papel preponderante de lasinstituciones representativas en el mismo (entre otras, SSTC 76/1994, de 14 demarzo, FJ 3; 119/1995, de 17 de julio, FJ 3). Por este motivo, el TribunalConstitucional ha destacado la importancia del concepto de representaciónpolítica, que opera como punto central de conexión entre las vertientes activa ypasiva de la participación, en la medida en que resume las relaciones entrerepresentantes y representados (STC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2).En lo que se refiere al acceso a los cargos públicos, la jurisprudencia delTribunal Constitucional sobre el art. 23.2 se centra en dos aspectos principales:su relación con el principio de igualdad (entre otras, SSTC 83/2000, de 27 demarzo, FJ 1; 107/2003, de 2 de junio, FJ 4; y 129/2007, de 4 de junio, FJ 1) ysu necesaria configuración legal.En este sentido, el Tribunal Constitucional ha destacado la necesidad deque el derecho de acceso a los cargos públicos sea desarrollado por ley y hadelimitado el margen de actuación del que dispone el legislador, sobre todo a lahora de configurar el sistema electoral, en el que debe quedar garantizado que