Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

180marzo, sobre normas electorales, se había excluido una candidatura que, deotro modo, habría obtenido representación.Cabe observar que, en este caso, los partidos políticos recurrentes noconsideraban vulnerada la igualdad de voto del artículo 68.1 de la Constitución,sino el derecho de las candidaturas a acceder en condiciones de igualdad a loscargos públicos reconocido en el artículo 23.2, por referencia al artículo 14,ambos del propio texto constitucional. Semejante planteamiento se reprodujoen las Sentencias 193/1989, de 16 de noviembre, y 4/1992, de 13 de enero,recaídas en sendos recursos de amparo interpuestos en relación con actosdictados en aplicación de la legislación electoral canaria y madrileña, perocuyas consideraciones sobre la proporcionalidad son trasladables -poridentidad de razón- a la presente exposición.Como en las tres sentencias mencionadas no cabía un controlabstracto de la constitucionalidad de la ley, el Tribunal Constitucional desestimólos recursos de amparo interpuestos por no entender vulnerada la igualdadformal de las candidaturas ante la ley, habida cuenta de que las condiciones deconcurrencia electoral estaban determinadas previamente con carácter generaly eran idénticas para todas las candidaturas. Pese a ello, se realizan en talessentencias una serie de pronunciamientos sobre la relación entre los principiosde igualdad y proporcionalidad electoral que resultan relevantes para conocersi las desigualdades en el proceso de conversión de votos en escaños puedecontravenir, en ciertos casos, las exigencias del principio de igualdad.Procede, pues, el examen de cada una de estas sentencias, al objetode identificar las líneas maestras de la jurisprudencia constitucional en lamateria:◦ Sentencia 75/1985, de 21 de junio, del Tribunal Constitucional. Enesta decisión jurisprudencial se comienza descartando la existencia devinculación alguna entre la proporcionalidad del régimen de elección delCongreso de los Diputados y el derecho a la igualdad en el acceso a los cargospúblicos del artículo 23.2 de la Constitución. Dicho de otro modo, el