Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

291primera instancia (artículo 40.1 de la LOREG); y en ambos casos, posibilidadde recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional -no obstante locual, como se vio, el ámbito de este recurso se ha ceñido al proceso electoralstricto sensu del que quedan fuera las cuestiones censales (FF JJ 6 y 7 de lascitadas Sentencias 148 y 149/1999)-.De las alternativas que en esta fase se han sugerido, algunas de ellasvan directamente encaminadas a una ampliación de la legitimación (en elartículo 39.3 de la LOREG), lo que significaría por sí la apertura del sistemahacia un control objetivo. Como se dirá seguidamente, esta legitimaciónampliada podría encontrar mejor acomodo en el seno de un recursocontencioso-censal específico, cuyo objeto e interés en la impugnación seencontrasen precisamente definidos.Otro grupo de propuestas -tratando siempre del control de los actos de laOficina del Censo Electoral, en su actividad de revisión del censo en períodoelectoral (artículos 39.3 y 40.1 de la LOREG)- encuentran una cierta conexiónentre sí. En un primer nivel, pasan por la vinculación en vía administrativa deciertos actos de la Administración censal (Oficina del Censo Electoral) con laelectoral (Junta Electoral Central), permitiendo la supervisión y recurso anteésta en los casos más graves de irregularidades, lo que podría medirse simpley llanamente por las cifras de electores concernida en la revisión frente al totalde electores del municipio. A su vez, la modificación en este punto convertiría-cierto que no sin artificiosidad- la cuestión en acto dictado por Administraciónelectoral y, en cuanto tal, ampliamente susceptible de recurso contenciosoelectoral.Un segundo plano de actuación estaría vinculado a una concepción delrecurso contencioso-electoral en sentido amplio, de tal modo que en su objetose pudiera comprender la impugnación de las irregularidades censales másgraves o que por su trascendencia cuantitativa o cualitativa pudiesen resultardeterminantes de los resultados electorales (FF JJ 8 de las SSTC 148 y149/1999). Sin embargo, este entendimiento vendría precisamente a chocar