Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

18reiterada en otros pronunciamientos, como la STC 214/1998, de 11 denoviembre, FJ 2).2.4. Tutela: el recurso de amparo electoralLa condición de derechos fundamentales de los reconocidos en elartículo 23 de la Constitución permite su defensa a través del recurso deamparo electoral, respecto del cual el Tribunal Constitucional ha tenido ocasiónde analizar en diversas ocasiones las dos modalidades de este recurso a quese refieren respectivamente los artículos 49 y 114 de la LOREG, la primeradirigida contra la proclamación de candidaturas y candidatos y la segundafrente a la proclamación de electos (modalidades ambas cuyas normas detramitación fueron aprobadas por Acuerdo del Pleno de dicho órgano de fecha20 de enero de 2000).Con carácter general, el Tribunal Constitucional ha señalado que elrecurso de amparo electoral está “ante todo” al servicio de la preservación yprotección del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución aacceder en condiciones de igualdad y conforme a las leyes a determinadocargo público representativo (STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 3), apartadoque, además de un derecho de igualdad, incorpora también un contenidosustantivo propio si se pone, como es preciso, en relación con el artículo 23.1,que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntospúblicos por medio de representantes, todo ello “en el seno de una garantíainstitucional que es la representación política” (FJ 4).De acuerdo con este razonamiento, el Tribunal Constitucional hadedicado especial atención a la delimitación del objeto del recurso de amparoelectoral, tanto desde una perspectiva positiva como negativa. De esta forma,la jurisprudencia constitucional ha sido terminante al afirmar que, comoauténtico recurso de amparo, este instrumento solamente puede tener lafinalidad de restablecer la violación de derechos fundamentales, sin que puedaser utilizado para denunciar meras irregularidades procedimentales ni paracontrolar la interpretación de la norma aplicada por los tribunales ordinarios