Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

72Es esto lo que la Constitución exige y no la sujeción del legislador a unaestricta aplicación del principio de reciprocidad; así se desprende de laliteralidad del artículo 13.2 que no exige la aplicación de tal principio, sino quese atienda a criterios de reciprocidad.Ello determina que el legislador pueda optar por una reciprocidadgeneral (frente a una reciprocidad completa), sin necesidad por tanto de exigiruna identidad plena entre el tratamiento que los españoles reciben en elextranjero y el que se quiera dar a los extranjeros en España, en relación con elderecho de sufragio.De este modo, la ley podría reconocer el derecho de sufragio activo alos extranjeros residentes en España en las mismas condiciones que losespañoles siempre que a éstos se les permita votar en las eleccionesmunicipales del Estado respectivo, aun cuando esto último esté sometido aunas u otras restricciones. Incluso podría hacerlo sin imponer a los extranjerosresidentes en España condicionamientos que sí se impongan a los españolesresidentes en ese otro Estado (en particular, en la medida en que la finalidadperseguida por el legislador español no se limita a obtener un mejor tratamientode los españoles emigrados, sino que -como se expuso- concurren otrosfactores ajenos a ello que impulsan a reconocer el derecho a los extranjerosresidentes en España).Así, aunque en un Estado dado se exija a los españoles elcumplimiento de determinados requisitos, ello no impone que en España sedeban exigir esos mismos requisitos a los nacionales de ese Estado para queles sea reconocido el derecho de sufragio en las elecciones locales. Endefinitiva, la exigencia de que la ley atienda a criterios de reciprocidad no sedebe identificar con la necesaria aplicación de un rígido régimen dereciprocidad.