Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

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349obtener la certificación digital (de modo similar a como ocurre, por ejemplo, conel voto por correo). En fin, no hay que olvidar la dimensión económica y loselevados costes que supondría desarrollar una tecnología segura.De ahí que parezca razonable, si se optara por introducir el voto porInternet y siempre que se contara con la tecnología precisa para asegurar elcumplimiento de las garantías electorales que establece la Constitución, que, almenos en un primer momento, dicho procedimiento de votación tenga carácteralternativo al procedimiento de voto por correo, configurándose ambos comodos opciones frente al voto en urna. Ello ha llevado a autorizada doctrina aafirmar que quizá resultara más operativo, frente a la opción del voto remoto,orientar la posibilidad de introducir algún procedimiento de votación electrónicahacia la mecanización del voto en los colegios electorales mediante algúnmecanismo de urna electrónica. Una vez más, se trata de una decisióncompleja que sólo puede adoptarse tras realizar los oportunos estudios.Se enlaza así con una idea que, a juicio del Consejo de Estado, tiene lamáxima relevancia y que ha sido certeramente reflejada por autorizadadoctrina: la canalización de los ensayos y pruebas que se realicen han deconfigurarse como auténticos “proyectos de Estado”. En ellos han de participarlas autoridades electorales y las principales fuerzas políticas conrepresentación parlamentaria, pero también expertos en la materia,representantes de la ciudadanía, etc.; y esa participación ha de hacerseefectiva en las principales fases de desarrollo del modelo, introduciéndoseprocedimientos de validación del sistema que permitan su control ycomprobación por los distintos sectores afectados. Además, hay que subrayarla conveniencia de que las herramientas tecnológicas empleadas seanpropiedad de las autoridades públicas; adicionalmente, sería oportunoencomendar su diseño a más de una empresa, de manera que sólo laAdministración electoral y sus técnicos dispusieran de toda la información.Tres decisiones capitales, pues: primera, la decisión sobre la opciónmisma del voto electrónico; segunda, la decisión sobre una concreta modalidadde votación electrónica; tercera, la decisión sobre la puesta en marcha del
350proyecto y su configuración como “proyecto de Estado”; y todas ellas con uncomún denominador: la salvaguarda de las mínimas garantías electorales quepermitan un adecuado ejercicio del derecho de sufragio en el marco de lasociedad de la información y de los medios electrónicos, cuya intangibilidadhace especialmente delicada su aplicación a un acto personalísimo y secretocomo es el de votar.
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