Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

25el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberesconstitucionales” (SSTC 98/2004, FJ 3 y 178/2004, FJ7).Desde una perspectiva de delimitación negativa, el TribunalConstitucional ha manifestado que dicho precepto “no ha atribuido al Estado lafijación de las bases sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sóloel establecimiento –eso sí, entero- de aquellas condiciones básicas que tiendana garantizar la igualdad”. Ahora bien, la regulación amparada en el artículo149.1.1ª no puede suponer una normación completa y acabada de losderechos y deberes, de forma que dicho precepto constitucional no debe serentendido como una prohibición de divergencia autonómica. Como recuerda laSTC 212/2005, debe distinguirse, de un lado, entre los elementos generalesconformadores del derecho de que se trate, amparables en el artículo 149.1.1ª(alcanzables por las normas de rango legal y, cumpliendo determinadasexigencias, reglamentario) y, de otro, los criterios de la política sectorialcorrespondiente. Así, la jurisprudencia constitucional exige que la regulaciónestatal de las condiciones básicas deje un margen dentro del cual lasComunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias sectoriales.En cuanto a su delimitación positiva, ha sentado que “las condicionesbásicas hacen referencia al contenido primario (STC 144/1988) del derecho, alas posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límitesesenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas opresupuestos previos). En todo caso, las condiciones básicas han de ser lasimprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad”. También haseñalado que “dentro de esas “condiciones básicas” cabe entender incluidosasimismo aquellos criterios que guardan una relación necesaria e inmediatacon aquéllas, tales como el objeto o ámbito material sobre el que recaen lasfacultades que integran el derecho (…); los deberes, requisitos o condicionesbásicas en que ha de ejercerse un derecho (…); los requisitos indispensables oel marco organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho” (SSTC61/1997 y 173/1998). En relación con este último aspecto, también afirmaba laSTC 209/2000 la posibilidad de que, “junto a la normación como aspectoesencial del artículo 149.1.1ª de la Constitución, las regulaciones estatales