Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

271de medidas para la modernización del gobierno local) han tendido a laimplantación de una forma de gobierno típicamente parlamentaria en el ámbitolocal. Se mantienen ciertamente las funciones ejecutivas del alcalde -que en elmodelo común pueden dar lugar a hablar de una forma de presidencialismo delalcalde-, pero se refuerza sobre todo la composición por éste de un gobiernofuerte (junta de gobierno local) y la correlativa atribución de funciones decontrol al pleno.En este modelo, la implantación de un sistema como el que ahora seanaliza, en el que el máximo órgano municipal fuera elegido de forma directa,no se estima idónea en cuanto obligaría con seguridad a rediseñar el esquemade distribución de poderes entre ambos órganos. Puede hablarse aquí de unchoque entre la decidida tendencia a la forma de gobierno parlamentaria, queguió como se ha visto a la Ley 57/2003 en el diseño de la forma de gobierno delos municipios de gran población, y la implantación en ellos de un sistemaelectivo-presidencialista de alcalde. Tal forma de elección afectaría no sólo alsistema electoral, sino también a la configuración de las instituciones (Pleno yejecutivo fuerte compuesto por alcalde y Junta de Gobierno) y al reparto decompetencias entre ellas, de un modo que podría hacer perder su sentido ainstituciones como la moción de censura o la cuestión de confianza, tal y comose encuentran concebidas en esta forma de gobierno. Los inconvenientesapuntados no resultarían superables, por lo demás, con la alternativa queofrece el modelo italiano establecido en municipios de más de quince milhabitantes (véase lo dicho en el apartado D en este capítulo). Tal sistema seconfigura, en efecto, como cuasipresidencialista, en el sentido de que elgobierno corresponde por entero al primer edil (la junta tiene carácterfundamentalmente asistencial) y que la aprobación de la moción de censuratiene como efecto la disolución tanto del consejo municipal como del pleno y laconvocatoria de elecciones anticipadas. Dos notas que lo separan con claridadde nuestro vigente modelo y que dificultarían –en especial la última— uno delos objetivos de la reforma, cual es la estabilidad y gobernabilidad de lascorporaciones locales.