Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

22Una tercera aproximación se hizo sobre el concepto de “ley electoral” delartículo 70.1. En el recurso previo de inconstitucionalidad contra el proyecto deLey Orgánica de incompatibilidades de diputados y senadores, la STC 72/1984,de 14 de junio, se planteó en toda su extensión el problema relativo a si el“régimen electoral general” ha de ser materia de una ley orgánica (como sedesprende del artículo 81.1 de la Constitución) o es, además, exigible que talley orgánica sea expresa y únicamente “la ley electoral”, con caráctercodificador de esta materia, como los recurrentes sostenían en suinterpretación del artículo 70.1 de la Constitución. A este respecto, afirmó lasentencia que efectivamente el art. 70 de la Constitución contiene una reservaen favor de la ley electoral (FJ 3) y que para que una ley merezca el calificativode electoral “es necesario que contenga por lo menos el núcleo central de lanormativa atinente al proceso electoral, materia en la que se comprende lorelativo a quiénes pueden elegir, a quiénes se puede elegir y bajo quécondiciones, para qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativosdesde el punto de vista procedimental y territorial. Utilizando una nomenclaturaque es cara a nuestra Constitución puede decirse que existe un contenidoesencial de la ley electoral, que no se cumple cuando el legislador se limita aestablecer las incompatibilidades de Diputados y Senadores, sino cuandoregula las antes referidas materias” (FJ 4).Bajo estos supuestos, se produjo la aprobación de la LOREG. En ladoctrina habían pujado hasta ese momento dos posturas. Una que cabe llamarmaximalista, según la cual la ley orgánica llamada a regular el “régimenelectoral general” debía comprender un sustrato mínimo de normas y principioscomunes a todas las elecciones de carácter político representativo (lo queobligaría a diferenciar entre fases generales y particulares o entre elementosgenerales y especiales de todo proceso electoral). Otra, que consideraba dichaexpresión como relativa a las elecciones de ámbito estatal, debiendocomprender las elecciones generales (estatales), las que se celebran en dichoámbito con normas comunes (europeas) y también las locales, superada lapolémica inicial sobre su inclusión o no en la ley orgánica a raíz de la doctrinade la STC 38/1983.