Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

309sitúa también la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de juliode 1982).La cuestión es de entidad suficiente para que los elementos positivos dela delimitación hayan sido objeto de precisión específica. No cualquierinformación, sino la relativa a ciertas cuestiones de naturaleza marcadamentetécnica (en el sentido de permitir mínima o casi físicamente el ejercicio delderecho de sufragio: fecha y procedimiento de votación, requisitos del voto porcorreo), es la que se autoriza a realizar a los poderes públicos competentes. Esésta una línea estricta, que ha seguido de cerca la doctrina de la JuntaElectoral Central, antes y después de la reforma de 1994, y que suele citarsecompendiada en la prohibición interpretativa de que “no cabe que la campañainstitucional incentive el voto de los electores, porque la abstención es unaopción tan legítima como el ejercicio del derecho de sufragio” (Acuerdo de 13de mayo de 1999). Si bien la cuestión desborda ese simple aspecto y atañe engeneral a la exigencia únicamente informativa de la campaña institucional.Línea esta última que cabe también apreciar en alguna jurisprudencia recaídasobre asuntos cercanos a los aquí planteados (Sentencia del Tribunal Supremode 9 de octubre de 2006: a pesar de que se refiere en su núcleo a laprohibición de confusión entre los nombres, símbolos o imágenes usados enlas campañas institucional y electoral, no deja de subrayar el criterio“extremadamente restrictivo” del artículo 50.1 de la LOREG, que ha de guiar larevisión en sede jurisdiccional de la impugnación de estos aspectos; en sentidosimilar, Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997).Frente a todo ello, se sitúa de forma legítima el peso y la relevancia quehan de concederse a la participación política, de la que es vehículo el derechode sufragio. Esta vertiente es la subrayada por las propuestas de reformalegislativa destinadas a incluir como finalidad el fomento o incentivación de talparticipación, a las que se aludió al comienzo de este capítulo. Sin desconocerlas razones apuntadas en esa dirección, ha de advertirse, por un lado, laexistencia de la jurisprudencia y de la doctrina de la Junta Electoral Central quese acaban de señalar -de esta última se hacen eco además las propuestasmencionadas- y, más allá, el sentido de alerta de los riesgos que esa doctrina