Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

21- en fin, el artículo 86 prevé como materia que no podrá ser afectada porDecreto-ley la relativa al “Derecho electoral general”.3.2. La jurisprudencia constitucional y la LOREGa) Alcance de las expresiones: “régimen electoral general” y “leyelectoral”La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia (STC40/1981, de 18 de diciembre) se refirió brevemente a la expresión “régimenelectoral general”. Dicha expresión -afirmó- “incluye las elecciones senatoriales,excluyendo a las comunitarias [autonómicas], y la competencia para establecertal régimen electoral general pertenece al Estado”, si bien permite ciertassingularidades autonómicas para la designación de los senadores de lasComunidades Autónomas prevista en el artículo 69.5 de la Constitución, pues“aunque se haga por elección, presenta el rasgo diferencial de que es unaelección de segundo grado, en el seno de las respectivas asambleaslegislativas, y para subrayar su peculiaridad lo califica expresamente el artículo69.5 de «designación», la cual se lleva a cabo de acuerdo con lo queestablezcan los Estatutos en cada caso. Esta especificidad nace de que, porcorresponderles estos Senadores a las Comunidades Autónomas en cuantotales, se confiere a los Estatutos un margen para precisar alguna condicióndirectamente conectada con el carácter propio de dicha designación, dentro delrespeto del mínimo fijado por el artículo 70.1 de la Constitución” (FJ 1.b]).De singular relevancia fue la jurisprudencia contenida en la STC38/1983, de 16 de mayo, en la que se afrontó la cuestión relativa a si cabecomprender las elecciones locales en el ámbito del régimen electoral general, ala que respondió afirmativamente, concluyendo asimismo que “el régimenelectoral general está compuesto por las normas electorales válidas para lageneralidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y enel de las entidades territoriales en que se organiza, a tenor del artículo 137 dela Constitución española, salvo las excepciones que se hallen establecidas enla Constitución o en los Estatutos” (FJ 3).