Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

300rectificaciones oportunas y se verifique su publicación. Quizá sea éste elargumento de mayor peso para justificar la prohibición.Con todo, hay que tener en cuenta una serie de precisiones quemodulan la anterior conclusión desde una triple perspectiva:• La función de control que corresponde a la Junta Electoral Central, enlos términos en que está configurada por la LOREG, presenta ciertaslimitaciones: no se extiende, como ocurre en otros países, a la calidadde las encuestas electorales, sino que abarca esencialmente aspectosde carácter técnico (artículo 69.1); no es infrecuente que la publicaciónde las rectificaciones apenas tenga repercusión entre los ciudadanos; enfin, es muy difícil, por el juego de los plazos establecidos en el artículo69.4 y 7, que las rectificaciones puedan llegar a publicarse antes del díade la votación.• Hay otros mecanismos que quizá puedan resultar más eficaces de caraa constituir un elemento disuasorio de manipulaciones deliberadas enlos resultados de las encuestas. A este respecto, no hay que olvidar quese ha articulado un régimen de infracciones y sanciones (privación delibertad, multa e inhabilitación especial) para combatir las conductas dequienes dolosamente infrinjan las disposiciones de la LOREG.• En fin, desde la perspectiva del comportamiento de los electores noparece que la eliminación de la prohibición vaya a generar un riesgoconsiderable de distorsión del voto: por un lado, la incidencia de unaencuesta “irregular” en el comportamiento de los electores se veríarápidamente neutralizada por factores de muy diversa naturaleza y,entre ellos, por los resultados de los otros muchos sondeos que seefectúan en periodo electoral; por otro lado, los electores tienen lasuficiente madurez para determinar la credibilidad que les merece una uotra encuesta.