Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

41considera que el reconocimiento del derecho de voto a los extranjerosresidentes de larga duración -al menos en las elecciones locales- puedeconsiderarse una cuestión de estricta justicia, teniendo en cuenta quecontribuyen al desarrollo de su comunidad de residencia 7 .Otra de las razones que habitualmente se invocan en pro de la extensióndel voto de que aquí se trata es el objetivo de favorecer la integración social delos inmigrantes; así, se subraya en alguna de las iniciativas parlamentariasantes aludidas que sólo con el pleno reconocimiento de los derechos políticosse podrá lograr la incorporación de los extranjeros a la sociedad comomiembros de pleno derecho. Al reconocimiento de los derechos laborales ysociales, se dice, debe sucederle el reconocimiento de los derechos políticos,lo que conduce a examinar -como a continuación se hará- la cuestión de latitularidad de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros. Tambiéndoctrinalmente se ha calificado el sufragio como un poderoso instrumento deintegración, puesto que obliga a los partidos políticos contendientes en losprocesos electorales a tener en cuenta las demandas y necesidades peculiaresde los extranjeros residentes y a buscar soluciones para sus problemasespecíficos.b) Extranjeros y derechos fundamentalesEl reconocimiento de derechos fundamentales a los extranjeros no esnuevo en nuestra historia constitucional; pero sí lo es su fuerza normativa y,sobre todo, su virtualidad práctica, habida cuenta del progresivo incremento delnúmero de extranjeros que fijan su residencia en territorio español, lo que, sinduda, proporciona al problema de los derechos de los extranjeros unadimensión antes desconocida.7 Informe sobre la eliminación de restricciones al derecho de voto en elecciones generales, quese menciona después en el texto: “A strong argument in giving a possibility to the long-termnon-national residents to vote, at least in local elections, could be the fact that they pay taxes intheir place of residence and, therefore, contribute to the development of their community ofresidence. In this respect the right to participate in the public life through electoral process forsuch tax-payers seems to be fully justified and can be considered as a matter of fairness”(p.18).