Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

184A la vista del contenido de estas tres sentencias, cabe resumir lajurisprudencia constitucional sobre la igualdad de las candidaturas electoralesen el acceso a los cargos representativos en los siguientes términos:- El principio de igualdad, reconocido en los artículos 13 y 23.2 de laConstitución, no impone necesariamente la adopción de un sistema electoralproporcional y, en sí mismo, también resultaría compatible con un sistemaelectoral mayoritario; por tanto, ambos preceptos constitucionales únicamenteexigen una igualdad de las candidaturas durante el proceso electoral,cualquiera que sea el sistema que se aplique.- En el marco de un sistema electoral proporcional, el principioconstitucional de igualdad no obliga a buscar la proporcionalidad máxima y, porende, no impide la existencia de correcciones o modulaciones de laproporcionalidad electoral, siempre y cuando éstas no resulten excesivas yestén debidamente justificadas; son, por tanto, dos las circunstancias quedeben concurrir, de manera cumulativa, para que pueda entenderse que unarestricción de la proporcionalidad electoral es contraria a la igualdad de loscandidatos en el acceso a los cargos representativos: en primer lugar, que ladesproporción sea manifiesta, en el sentido de “notablemente desventajosa”; y,en segundo término, que la desproporción sea arbitraria, por la “ausencia decualquier criterio objetivo o razonamiento que la justifique”.No es desdeñable la importancia de la doctrina transcrita si se tiene encuenta que recayó en sentencias de amparo. Aunque la ratio decidendi detales pronunciamientos fue la constatación de la igualdad formal de lascandidaturas ante la ley, el Tribunal Constitucional fue más allá, apuntando lavertiente sustantiva del derecho de las candidaturas presentadas por lospartidos políticos a acceder en condiciones de igualdad a los cargosrepresentativos, con base en el artículo 23.2 de la Constitución. Se esboza, deeste modo, el principio de igualdad de oportunidades de los partidos políticosque en otros ordenamientos ha sido objeto de un reconocimientojurisprudencial e incluso legal explícito.