Informe del Consejo de Estado sobre el régimen electoral

279conlleva también la posibilidad de ejercitar de manera efectiva los derechosque se anudan a la residencia elegida” (Sentencia del Tribunal Superior deJusticia de Castilla-La Mancha de 16 de febrero de 1999).Con carácter general, esta jurisprudencia ha seguido una líneainterpretativa que juzga con amplitud el criterio de la residencia habitual en lassolicitudes de alta, de modo que tales solicitudes únicamente podrán serdesestimadas cuando existan pruebas suficientes que demuestren que elinteresado no reside habitualmente en el término municipal, ni tiene intenciónde hacerlo en el futuro (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madridde 28 de marzo de 1996; en línea con reiterada jurisprudencia que parte de que“en la actualidad no es necesario el requisito de la residencia previa, sino quebasta la declaración de voluntad del administrado para adquirir la condición deresidente”, en los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 deseptiembre de 1986). No obstante, es claro que lo anterior no puede llevar aignorar el presupuesto legalmente exigido de la residencia, cuando exista baseprobatoria para denegar la inscripción: en esta línea, la Sentencia del TribunalSuperior de Justicia de Madrid de 21 de septiembre de 1994 establece que “lainscripción en el Padrón Municipal como residente se configura legal yreglamentariamente como un deber-derecho” y que no existe vulneración delderecho de los interesados cuando la decisión municipal tiene base probatoriasuficiente y se ha dado en ejercicio de los preceptos legales y reglamentariospertinentes. En definitiva, habría de encarecerse en este punto (denegación desolicitudes de alta en el padrón, práctica de bajas de oficio) el establecimientode criterios claros y homogéneos, en la legislación de régimen local, en punto ala exigencia probatoria de la residencia habitual como criterio base para lainscripción padronal.Por último, un tercer plano de control es el que puede llevarse a cabopor terceras personas sobre la exactitud del padrón. Cabe, en este sentido,entender que, con ocasión del acto de revisión del padrón municipal dehabitantes que tiene lugar el 1 de enero de cada año y cuya aprobacióncompete al pleno municipal (artículos 81 del RPDEL y 11.2 y 22.2.b] de laLRBL, respectivamente), podrían tener lugar las pertinentes impugnaciones de