diagnostico_del_agua_en_las_americas

(Division of Ocean Affairs, 1997) y el Protocolo de Montreal
sobre Sustancias que Destruyen la Capa de Ozono de 1987
(UNEP, 2003). Como se explicó en la Sección 3.2, dentro
de Norteamérica, el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909
entre Canadá y los Estados Unidos constituye un ejemplo
mode lo y probado a lo largo del tiempo de un tratado bilateral
exitoso que trata los problemas de cantidad y calidad
del agua así como de contaminación. No obstante,
la mayoría de las iniciativas ambientales globales no se
han materia lizado a nivel internacional: las naciones del
mundo no se adhirieron al Protocolo de Kyoto para reducir
los gases de invernadero y no desarrollaron un programa
para reducir las emisiones en la reunión de Copenhague de
diciembre de 2009. A pesar de que Canadá actualmente no
tiene una política hídrica nacional (Sección 3.1), está procurando
cierto grado de consistencia nacional en cuanto
a sus estándares ambientales a través del Consejo Canadiense
de Ministros del Medio Ambiente (Sección 3.4).
Un gran problema con los acuerdos económicos internacionales
es que el sistema de valores subyacente o los objetivos
escritos en estos tratados pueden estar en conflicto
directo con los sistemas de valores de las leyes de aguas y
ambientales en Canadá o en la mayoría de las demás naciones.
Se puede considerar, por ejemplo, el caso del TLCAN.
De acuerdo al Capítulo 11, los individuos o corporaciones
pueden demandar compensación a Canadá, México o los
Estados Unidos cuando las acciones tomadas por aquellos
gobiernos afecten negativamente sus inversiones. De ahí,
una compañía americana está demandando al gobierno
de Canadá por no permitir la exportación de agua en cantidades
al por mayor, como previamente lo hacía un gobierno
provincial antes de la revocación de la licencia de la compañía,
no obstante que el retiro a gran escala del agua podría
causar daño ecológico importante como se explica en la
Sección 4.7. Por consiguiente, quienes se oponen al TLCAN
argumentan que este acuerdo internacional permite que las
corporaciones hagan caso omiso de las leyes ambientales,
sociales y económicas canadienses tanto federales como
provinciales, y por lo tanto representan una amenaza a la
soberanía de Canadá y a los derechos de los canadienses en
forma individual. McMurty (2002, pp. 112-113) señala que
los acuerdos de la OMC y TLCAN tienen regulaciones vinculantes
en cuanto a los derechos de los inversionistas y las
corporaciones transnacionales, pero no existe un solo artículo
vinculante con respecto a la protección del ambiente,
los derechos humanos y el trabajo. Hipel y Obeidi (2005)
explican el sistema de valores de quienes proponen el libre
comercio y aquel de los que apoyan la gestión am biental en
el actual conflicto que enfrenta el comercio contra el ambiente,
y proporcionan numerosas referencias que presen-
LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CANADÁ
tan las posiciones de cada grupo. Además, de acuerdo con
el principio de proporcionalidad del TLCAN, una vez que se
permite la exportación de agua, ésta no puede ser suspendida,
ya que el país que provee el agua no puede disminuir
la cantidad relativa de agua exportada al país receptor. Tal
como se menciona en la Sección 4.7, como respuesta a las
protestas públicas en los Estados Unidos y Canadá sobre la
exportación de aguas en masa propuesta, la International
Joint Commission (Sección 3.2) recomendó en un estudio
del 2000 prohibir la exportación de aguas fronterizas en
masa a menos que se pueda probar definitivamente que no
se dañará la ecología (IJC, 2000). No obstante, si un caso de
exportación de aguas fuera llevado a la corte internacional
de La Haya, no está claro qué lado ganaría. Autores como
Sandford (2009), Barlow (2007), Barlow y Clarke (2002),
de Villiers (2003), Dellapenna (2001) y Wolf (1998) han expuesto
otros temas relativos a la explotación del agua. Funcionarios
de Canadá y Europa están negociando un nuevo
a cuerdo de comercio, conocido como Acuerdo Económico
y Comercial Integral entre Canadá y la Unión Europea
(CETA-Canada-European Union Comprehensive Economic
and Trade Agreement). De manera semejante al NAFTA,
CETA daría precedencia a los intereses de las corpo raciones
europeas sobre las normas y estándares de las provincias
y municipios canadienses (Barlow, 2011). Esto potencialmente
tendría muchas consecuencias graves para Canadá,
inclu yendo la privatización de sus sistemas públicos de servicios
hídricos (Canadian Union of Public Employees and
Council of Canadians, 2010).
Ya que los acuerdos económicos internacionales sólo
tratan los aspectos económicos del comercio entre las
naciones, la integridad tanto de la cantidad como de la
calidad del agua en las cuencas de Canadá está bajo una
amenaza constante, no obstante la gobernanza responsable
del agua que se pudiera estar dando a nivel de cuenca
(Sección 3.3), y en otras jurisdicciones canadienses (Secciones
3.1 y 3.4), así como en las cuencas en la frontera de
Canadá y los Estados Unidos (Sección 3.2). Con respecto al
diagrama conocido como ciclo hidrológico que se muestra
en la Figura 3, lo anterior significa que los recursos hídricos
de Canadá podrían resultar dañados a nivel de cuenca si
no se proporciona la protección legal apropiada. Además,
según muchos científicos, el cambio climático, exacerbado
por la emisión de enormes cantidades de gases de invernadero
resultado del amplio uso de hidrocarburos como
fuente clave de energía para el motor económico en continua
expansión, puede afectar todas las partes del ciclo
hidrológico. De ahí las tres recomendaciones propuestas
en la Sección 6.3.2: una que estimula a Canadá a negociar
un acuerdo económico internacional que dé prioridad a la
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
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