diagnostico_del_agua_en_las_americas

tada para estudiar y ejecutar proyectos conjuntos en el río
(La Paz, Bolivia, 9/2/95 aprobado por la ley 24677). Esta
Comisión recibió un apoyo financiero muy importante de
la Unión Europea, que le permitió contratar la formulación
de un Plan Maestro para el desarrollo de la cuenca, que en
el presente se está ejecutando al ritmo que lo permite la
captación de fondos de diversas fuentes.
Con el Paraguay y Bolivia crearon la Comisión Trinacional
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, facultada
para estudiar y ejecutar proyectos conjuntos en el río
(La Paz, Bolivia, 9/2/95 aprobado por la ley 24677).
Con Bolivia crearon la Comisión Binacional para el Desarrollo
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande
de Tarija (COBINABE), con las funciones de realizar estudios,
investigaciones, proyectos y obras y ejercer ciertas
funciones de autoridad y policía (Tratado de San Ramón
de la Nueva Orán del 9/6/1995, aprobado por la ley 24639).
Con Chile, por el Acta de Santiago del 26/06/71 ambos países
se comprometieron a no efectuar acciones unilaterales que
pudieran causar perjuicio al medio ambiente del otro y a
emprender acciones conjuntas en materia de protección,
preservación, conservación y saneamiento ambiental.
7. Marco jurídico-administrativo
del agua en la República
Argentina (Anexo II)
La Constitución Nacional fija las bases de todo el derecho
argentino, distribuye la competencia entre la nación y las
provincias y obliga a la una y a las otras a respetar determinados
principios de gobierno como el de separación de
poderes, establecer el régimen municipal y someterse a
los presupuestos mínimos ambientales que el Congreso
Nacional imponga y a los tratados internacionales que
apruebe.
La competencia que atribuye a la Nación en materia de agua
prevalece sobre la provincial cuando faculta al Congreso Nacional
para legislar –entre otros temas- sobre navegación,
que declara libre para todas las banderas (art. 26, b), sobre
comercio interprovincial e internacional (art. 75, inc. 13), los
códigos de fondo (art. 75, inc. 12) y presupuestos mínimos
de protección ambiental (art. 41). Además le atribuye competencia
para aprobar los tratados internacionales que el
Poder Ejecutivo celebre (art. 75, inc. 22) que deben ser acata-
LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ARGENTINA
dos por las provincias y promover la construcción de canales
navegables y la exploración de los ríos interiores. No puede
normar las materias que la Constitución Nacional no delegó
en el Congreso (art. 121). La Constitución Nacional faculta a
las provincias para:
a. Crear regiones para el desarrollo económico y social
y establecer órganos con facultades para cumplir sus
fines (art. 125). La cuenca es una de esas regiones.
b. Celebrar tratados parciales con otras provincias para
la administración de justicia, de intereses económicos
y trabajos de utilidad común con conocimiento
del Congreso (art. 125) que pueden normar la gestión
de las cuencas interprovinciales.
c. Normar la gestión y el uso del agua bajo su jurisdicción.
Les atribuye el dominio originario de los recursos
naturales (art. 124). El Código Civil les acuerda
el dominio público sobre la mayor parte del agua
(art. 2340) y el poder de policía sobre el resto (las
aguas que nacen y mueren en un mismo predio).
d. Sancionar las normas necesarias para proveer a la
protección del derecho al ambiente, la utilización racional
de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural, y la educación ambiental
y complementar los presupuestos mínimos de
protección ambiental que dicte la Nación, que la reforma
de 1994 encomendó tanto al Estado nacional
como a los estados provinciales (art. 41).
Si bien la Constitución Nacional no encomendó específicamente
al Congreso Nacional sancionar normas relativas al
agua, las funciones que atribuye al Congreso de la Nación
de dictar el Código Civil le permitieron sentar principios
uniformes en materia de agua.
El Código Civil de la Nación dispone que prácticamente
toda el agua sea del dominio público, por lo menos toda la
que interese a la comunidad, ya que incluye en el dominio
público a los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren
por cauces naturales y a toda otra agua que tenga o adquiera
la aptitud de satisfacer usos de interés general, los
lagos navegables, sus lechos, las riberas internas de los ríos
y las vertientes que nacen en un fundo de distinto propietario
de aquel en que mueren.
También lo es la subterránea sin perjuicio del derecho del
dueño del fundo suprayacente a extraerla en la medida de
su interés y con sujeción a la reglamentación local. En casos
especiales y con determinadas restricciones atribuye al
propietario de la tierra el agua que no tenga ni adquiera la
aptitud de satisfacer usos de interés general.
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
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