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DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
Para coordinar la política hídrica federal y la compatibilización
de las políticas, legislaciones y gestión de las aguas
de las respectivas jurisdicciones, las provincias y la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación promovieron
la creación del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) (ley
26438). El Consejo Federal del Medio Ambiente coordina
las actividades de los gobiernos de la Nación y de los provinciales
en materia de política del ambiente (ley 25675).
Los llamados “Principios Rectores de Política Hídrica de la
República Argentina” proponen una base conceptual para
la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos de
todo el país.
A instancias de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación (originariamente creada como Secretaría de Recursos
Hídricos), las provincias argentinas convocaron a
los sectores vinculados con el uso, gestión y protección de
sus recursos hídricos, con el fin de establecer lineamientos
que articularan los valores sociales, económicos y ambientales
que la sociedad le adjudica al agua. Su trabajo de
varios años plasmó en la obra citada. En forma paralela,
en los Fundamentos del Acuerdo Federal del Agua que dio
origen al COHIFE se propuso que el Congreso de la Nación
sancionara, conforme a sus recomendaciones, una Ley
Marco de Política Hídrica, coherente y efectiva que, respetando
las raíces históricas de cada jurisdicción, conjugase
los intereses provinciales, regionales y nacional en
una gestión integrada.
El dominio de las provincias sobre el agua es originario
(Constitución Nacional, art. 124), público (Código Civil, art.
2340), residual y reconoce limitaciones, por cuanto ellas
deberán gestionar el agua o permitir su gestión conforme
al Código Civil (arts. 2636/2653) y en algunos casos está
sometido a la jurisdicción nacional, como en el de la navegación
y la interconexión eléctrica (ley 15336, art. 12)
Los derechos al uso del agua que el Código Civil atribuye
a los particulares sobre el agua son los que la doctrina
considera que se ejercen en virtud de la disposición legal
que los instituye. Su policía corresponde, en principio, a la
autoridad local en concurrencia con la que en materias de
competencia federal ejerce el Gobierno Nacional.
Algunas provincias fijan los principios básicos de su política
hídrica en sus constituciones, para hacerlos prevalecer
sobre cualquier decisión en contrario de cualquiera de
sus tres poderes. En ejercicio de su competencia normadora
de la gestión, el uso y la preservación del agua tanto
pública como privada bajo su jurisdicción, las provincias
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
sancionaron leyes muchas veces superpuestas y otras,
contradictorias y han atribuido su aplicación a pluralidad
de organismos.
Para afrontar los inconvenientes de esa dispersión, algunas
provincias aglutinan esas normas en códigos de agua y
unifican su aplicación en un organismo central. Acogiendo
el paradigma de la gestión del agua integrada y por cuencas,
algunas provincias crearon organismos para gestionar
ese desarrollo o ejercer la autoridad en alguna cuenca o en
la parte de ella bajo su competencia.
La Constitución atribuye a las provincias el dominio originario
de los ríos (art. 124) y el Código Civil el dominio público
(art. 2340, inc. 1º), pero no tipifica la relación que
se establece entre las distintas provincias bañadas por la
misma agua (Anexo I).
En base a lo expuesto se pueden adelantar las siguientes
conclusiones:
• El sistema jurídico del país atiende una multiplicidad
de temas relativos al agua. La abundancia y dispersión
de normas provenientes de 25 jurisdicciones y
de algunas fuentes interjurisdiccionales, relativas a
la preservación y mejoramiento de las cuencas hídricas
y la atribución de su aplicación a pluralidad de
organismos crea problemas de identificación y de interpretación
de las normas, estimula determinadas
actividades y limita otras, lo que no siempre resuelve
sino más bien incrementa los conflictos de interés
que la circulación permanente del agua por las cuencas
genera, disminuye su disponibilidad y agrava
el efecto de su exceso. En el orden nacional ello se
hace más notorio por cuanto carece de un cuerpo
nacional regulador del agua. En la presentación
de los “Principios Rectores de Política Hídrica de la
República Argentina”, perspectiva de la Política Hídrica
del 8 de agosto de 2003, se consideró que: “La
normatización de los Principios Rectores a través de
una Ley Marco, por parte del Congreso de la Nación,
permitirá fijar reglas claras y equitativas que brinden
seguridad jurídica, evitándose así la proliferación de
legislaciones parciales, dispersas, con dispositivos
superpuestos y a menudo contrapuestas”.
• El consenso para sancionar un cuerpo nacional regulador
del agua o, por lo menos, codificar la legislación
hídrica federal existe desde hace mucho. La
Constitución Nacional faculta al Congreso Nacional
para condensar en un cuerpo nacional las normas
nacionales relativas al agua.