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DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
forestales de Canadá, por ejemplo, son enviados a otros
países como leños sin procesar o madera en bruto y cantidades
importantes del petróleo recuperado de las arenas
bituminosas (Sección 4.3) no se refinan en Alberta ni en
otra parte de Canadá. Por consecuencia, los componentes
de valor agregado para estos recursos son muy pocos,
dando como resultado grandes pérdidas en empleos y ganancias
económicas. Además, Canadá es particularmente
vulnerable a la pérdida de control sobre sus valiosos recursos
de agua dulce y a la posibilidad de sufrir grandes daños
ecológicos. Como se menciona en la Sección 3.5, a pesar
de las declaraciones del anterior gobierno conservador
progresivo que negoció el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), al agua dulce canadiense no
está protegida por este tratado (Nikiforuk, 2007).
Existen compañías privadas, tanto dentro como fuera de
Canadá, que quisieran exportar el agua canadiense en
enormes cantidades para obtener grandes ganancias. En
1998, la provincia de Ontario emitió un permiso para que
Nova Group Ltd. de Sault St. Marie exportara de 4 a 6 millones
de m 3 de agua del lago Superior por buque carguero.
El gobierno federal anunció su oposición al permiso y éste
fue cancelado bajo presión pública por el Ministerio del Ambiente
de Ontario. En febrero de 1999, el gobierno federal
lanzó una estrategia que consistía de tres componentes
para prohibir la extracción en masa del agua de las cuencas
canadienses. El primero es el establecimiento de un acuerdo
con las provincias a lo largo de todo el país para prohibir
la extracción de agua en masa en la que cada provincia debe
crear la legislación necesaria para cumplir con esta objetivo.
Como parte del segundo componente, Canadá, junto
con los Estados Unidos, propuso una solicitud para que la
Comisión Internacional Conjunta (IJC-International Joint
Commi ssion) investigue los efectos del consumo, desviación
y extracción, incluso con fines de exportación, de las
aguas fronterizas. Posteriormente, en febrero de 2000,
la IJC emitió su reporte final llamado “Protección de las
Aguas de los Grandes Lagos”, en el que recomienda un enfoque
precau torio (SEHN, 1998) por el que no se autoriza
la extracción de agua, excepto si se puede demostrar que
dichas extracciones no afectarán negativamente la integridad
del ecosistema de los Grandes Lagos. Finalmente,
en el tercer componente de esta estrategia, el gobierno
federal enmendó la Ley del Tratado Internacional de Aguas
Fronterizas de 1909 mediante disposiciones que otorgan al
Ministro de Asuntos Exteriores la autoridad para prohibir la
extracción de agua en masa de las aguas fronterizas. Para
fortalecer aún más la protección de las aguas canadienses,
el Consejo Canadiense de Asuntos Hídricos (Canadian Wa-
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
ter Issues Council, 2008) ha formulado un estatuto federal
modelo que evitaría la extracción en masa de agua dulce
de las cuencas naturales de Canadá. Al prohibir la exportación
de agua fuera de sus cuencas naturales, se preserva
la integridad ecológica.
El 13 de diciembre de 2005, los gobernadores de los ocho
estados norteamericanos que rodean los Grandes Lagos y
los premieres de Ontario y Quebec firmaron acuerdos para
otorgar una protección sin precedente para los Grandes Lagos.
Bajo el Acuerdo de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo
sobre Recursos Hídricos Sustentables, se evitan las grandes
desviaciones fuera de la cuenca de los Grandes Lagos,
aunque según lo señalan los críticos, no se prohíben dentro
de la cuenca. Una característica atractiva del Pacto de
Recursos Hídricos de la Cuenca de los Grandes Lagos-Río
San Lorenzo es que promueve el principio del enfoque de
gestión adaptativa (Sección 6.2) en la gobernanza del agua.
Como ejemplo de cómo el TLCAN puede exacerbar el conflicto
relativo a la exportación del agua no obstante las
leyes existentes para mantener la integridad de los ecosistemas,
consideremos la disputa de Sun Belt que fue estudiada
sistemáticamente por Obeidi y Hipel (2005) y Hipel
et al. (2008a), quienes han proporcionado los antecedentes
y referencias detalladas. Hacia el final de la década
de los 80, el gobierno de Columbia Británica (BC-British
Columbia) brevemente otorgó licencias a los inversionistas
de Sun Belt Corporation Inc. de California y a un socio
canadiense llamado Snowcap Water Ltd. para extraer
agua dulce en grandes cantidades porque el go bierno de
esa provincia consideraba que tenía abundantes provisiones
de agua. Sin embargo, como consecuencia de la férrea
oposición de grupos ambientalistas y de ciudadanos
preocupados, el gobierno de BC impuso una moratoria
temporal el 18 de marzo de 1991, que se hizo permanente
en junio de 1995 mediante la Ley de Protección de Aguas
(Water Protection Act).
Debido a que Sun Belt no pudo llegar a un acuerdo en
cuan to a la demanda por daños contra el gobierno de BC,
Sun Belt finalmente decidió aprovechar las provisiones del
TLCAN (Sección 3.5) para demandar una compensación
económica. Específicamente, al comienzo de 2000, Sun
Belt entregó al gobierno federal de Canadá una “notificación
de la intención de someter una reclamación a arbitraje”
en la cual invocaba los Artículos 1102, 1005 y 1110 del
Capítulo 11 del TLCAN, así como los Artículos 26 y 27 de
la Convención de Viena sobre Leyes de Tratados. Este conflicto
en curso, por el cual Sun Belt está buscando billones
de dólares en utilidades perdidas y gastos legales, ha sido