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DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
e. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), ente de derecho público interjurisdiccional
integrado por el Estado Nacional, la Provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 26168, art. 1º). Cumple funciones de regulación,
control y fomento de actividades industriales, unificación
del régimen de vertidos en cuerpos de agua
y emisiones gaseosas, prestación de servicios públicos,
otras actividades con incidencia ambiental, prevención,
saneamiento, recomposición y utilización
racional de los recursos naturales, planificación del
ordenamiento ambiental de la cuenca y ejecución
del Plan Integral de Control de la Contaminación y
Recomposición Ambiental.
En cuanto a cuencas internacionales, por su situación en el
tramo inferior de la Cuenca del Plata siempre la Argentina
tuvo especial interés en que su aprovechamiento y desarrollo
se basase en acuerdos. Cuando una cuenca abarca
distintos Estados, cada uno de ellos podría adoptar decisiones
que perjudicasen a los otros o desaprovechasen la oportunidad
de manejar la cuenca integral y equitativamente.
La gestión del agua enfocada hacia cada cuenca se ofrece
como la más adecuada para que pueda ser integral y equitativa,
lo que requiere la concurrencia de la voluntad de
esos Estados. Por ello es que impulsó la VII Conferencia
Internacional Americana cuya Declaración de Montevideo
(1933), relativa al uso y aprovechamiento de las cuencas
internacionales americanas, que los gobiernos siempre
han declarado observar, por lo que constituye un principio
de derecho internacional y existen sucesivas declaraciones
en el mismo sentido. Por ello impulsó la institución de
un sistema regional para la Cuenca del Plata, que aprobó
principios aplicables a las cuencas internacionales y algunas
reglamentaciones específicas para obras determinadas.
De las múltiples negociaciones realizadas en el marco
del sistema de la Cuenca del Plata surgió la Resolución
Número 25 de la IV Conferencia de los Cancilleres de Asunción,
de fecha 3/6/71, que:
a. Supedita el aprovechamiento de los ríos contiguos al
acuerdo previo entre sus ribereños.
b. Permite a cada Estado aprovechar los tramos sucesivos
de ríos compartidos 9 en razón de sus necesidades,
pero sin causar perjuicio a los otros Estados.
9
La citada Resolución, por “ríos internacionales de curso sucesivo”
se refiere a los ríos que corren de un país a otro, como el
Paraná y el Uruguay cuando van del Brasil a la Argentina. En
cambio cuando separan a países los llaman contiguos.
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
En las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), la Argentina logró
que se reconociese la obligación de notificar con anticipación
la realización de “actividades importantes relativas
a los recursos hidráulicos que puedan tener efectos ambientales
en otro país” (Recomendación 51). En la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo
(Río de Janeiro, 1992) logró que se recomendase no causar
daño al medio ambiente de otros Estados ni a regiones que
estén fuera de sus fronteras (Principio 2), así como proporcionar
la información pertinente y notificar previamente y
en forma oportuna a los Estados que posiblemente resultaren
afectados por actividades que pudieran tener considerables
efectos ambientales transfronterizos adversos
y celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana
y de buena fe (Principio 19). La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,
2002) comprometió a los signatarios a aumentar el
acceso a requerimientos básicos tales como agua limpia.
En el ámbito bilateral, la Argentina y el Uruguay generaron
verdaderos modelos de conducta internacional. Para construir
y operar las obras de Salto Grande celebraron diversos
acuerdos (Tratados del 30/12/46, 26/11/58 y 20/10/72),
dieron información oportuna al Brasil sobre los proyectos
y acogieron sus observaciones para que el extremo del
embalse no perjudicase su ambiente (Declaración conjunta
Argentino-Brasileño-Uruguaya de Buenos Aires del
23/9/60). Para los ríos de la Plata y Uruguay acordaron
estatutos (Tratados del 19/11/73 y 26/2/75, leyes 20645 y
21413) que norman el uso y la preservación de ambos ríos.
La conducta ambientalmente respetuosa que siempre
siguieron ambos países no logró impedir la controversia
planteada por la Argentina contra el Uruguay por las plantas
de pasta de celulosa que la Corte Internacional de Justicia
de La Haya dirimió en el 2010.
Con el Brasil y el Paraguay, la Argentina acordó armonizar
la presa brasileño-paraguaya de Itaipú con la proyectada
argentino-paraguaya de Corpus (Acuerdo Tripartito de
Puerto Presidente Stroessner, 19/10/79). Con el Brasil,
acordó el aprovechamiento conjunto de los tramos limítrofes
de los ríos Uruguay y Pepirí-Guazú y el uso por cada
Estado de los tramos no compartidos en la medida de su
interés y sin causar perjuicio sensible al otro, conforme a
la apreciación y calificación que hagan conjuntamente ambas
partes de ese perjuicio (Tratado de Buenos Aires del
17/5/1980, ratificado por la ley 22740).
Con el Paraguay y Bolivia crearon la Comisión Trinacional
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, facul-