diagnostico_del_agua_en_las_americas

348
DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
Cuadro 18. Evolución del marco institucional
El primer antecedente institucional de la CONAGUA se remonta a 1853, año en el que fue creado el Ministerio de Fomento,
Colonización, Industria y Comercio que tenía a su cargo el fomento agropecuario y la irrigación. Posteriormente, en 1917 fue creada
la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización que en 1926 se transformó en la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), institución a la
cual se le encomendó “el manejo del agua en la era posrevolucionaria” y que dependía de la Secretaría de Fomento. Entre diversas
funciones, la CNI debía crear y operar obras de riego, así como implantar planes y proyectos de irrigación.
En virtud de las reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en 1947 “el agua pasó a ser jurisdicción de la
Secretaría de Recursos Hidráulicos y en 1970 año en que la responsabilidad del agua potable pasó a la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas (SAHOP)”. En 1976, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos
(SRH) fueron fusionadas en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). En 1980, la SAHOP transfirió algunos de
los sistemas de agua potable a los gobiernos estatales y, en casos excepcionales, éstos los transfirieron a algunos municipios.
Posteriormente, en 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), a la que se le atribuyó la responsabilidad de
construir y operar los sistemas hídricos del país.
A partir de 1988 comenzaron a realizarse “acciones tendentes a cambiar o anular, desde las mismas estructuras institucionales,
la mayoría de los logros y las reivindicaciones sociales obtenidas hasta entonces”. Es por eso que en enero de 1989 –en el marco de
los primeros procesos de liberalización del mercado en México– fue creada por el presidente Salinas de Gortari la CONAGUA, que
desde su origen ha jugado un papel fundamental en los procesos de privatización del agua en el país, aunque con poco éxito. La
creación de esta nueva institución –en la que por primera vez se centralizaba en un solo órgano administrativo la gestión integral del
agua– obedeció a razones de diversa índole: en el panorama internacional, desde 1990 se creó una agenda tendente a reestructurar
el manejo del agua en el mundo, lo que requería profundas reformas legislativas e institucionales que en la mayoría de los casos
“fueron diseñadas, apoyadas y promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”. En México estas directrices
tuvieron eco, por lo que se comenzó a manejar un discurso que se centraba en la idea de modernizar las políticas gubernamentales,
y más específicamente las políticas relacionadas con el agua. Dicha transformación institucional ha sido lenta debido a que a lo largo
de nuestro país han surgido innumerables resistencias en defensa del derecho al agua.
En 1994, la CONAGUA se incorporó a la recién creada SEMARNAP, a la que se le delegó la función de dirigir la política nacional
en materia de agua. En 2000, con las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, esta Secretaría se dividió en dos: la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). De esta última depende hoy en día la CONAGUA.
Con información de Rodríguez y Emanuelli, 2010
18.2 Participación privada
Las condiciones para la participación privada (PP) empiezan
a ser construidas en la década de los años 80, cuando
se crea el entorno para democratizar las estructuras de
gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
El contexto para ello son las recurrentes crisis económicas
que favorecen el sometimiento de la política económica
y social a las exigencias impuestas por los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de
Desarrollo, entre otros. Se crea además la idea de que la
participación privada sería la solución para lograr un mejor
desempeño y una mayor eficiencia en el manejo de los
sistemas de agua y saneamiento (Torregrosa et al., 2010).
En México, la inversión privada se ha realizado tanto en el
ámbito de las empresas de agua potable como en las de
saneamiento. En general, consta de al menos tres formas
(Torregrosa et al., 2010):
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
• La participación en la administración integral de
sistemas, en los cuales las empresas privadas, si
bien se supone deberían invertir capital propio, en
realidad acceden a préstamos blandos por parte
del Estado. Son cuatro los casos, dos de concesión
total: Aguascalientes y Cancún; uno de contrato de
prestación de servicios: Navojoa, y un caso de empresa
mixta: Saltillo.
• La participación en la administración de los sistemas
a través de contratos de prestación de servicios parciales,
como ocurre en la Ciudad de México y Puebla,
entre otras. En estos casos se le cede la responsabilidad
de la administración sin inversión de capital y
normalmente los contratos son de corto plazo.
• La participación a través de la construcción, operación
y transferencia (los llamados COT), mecanismo
que se ha dado sobre todo en la construcción de
plantas de tratamiento en todo el país.