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DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
Industrial
En México, la preocupación por el ambiente inició con la
publicación, en 1971, de la Ley Federal para Prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA). Esta ley
estuvo vigente hasta 1982, cuando se publica la Ley Federal
de Protección al Ambiente (LFPA), cuya vigencia se prolongó
hasta 1988. Con la publicación de estas leyes, en el
período de 1971 a 1988 numerosas industrias incluyeron
en su organigrama un área ambiental; sin embargo, las
crisis económicas recurrentes pospusieron muchas de las
buenas intenciones en materia ambiental y las empresas
terminaron por cerrar sus áreas ambientales. Con la Ley
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), publicada en 1988 y sus revisiones en 1996 y
2007, se creó un nuevo impulso al “mercado ambiental”.
No obstante, las empresas en general no crearon un área
ambiental especial, sino que la abrieron dentro o junto
con áreas ya existentes como seguridad o higiene (López
et al., 2010). Desafortunadamente, el personal a cargo del
área ambiental con frecuencia no tiene educación formal
en el área, lo que ha propiciado que la industria mexicana
enfren te de manera recurrente problemas como los
siguientes (López et al., 2010):
Cuadro 20. Principales disposiciones jurídicas relativas al agua ...continúa
En la Constitución
I, III, IV, V y VI del artículo 27; el artículo 73, fracción XVII, y el artículo 115, fracción III,
Artículos más relevantes
inciso A).
Establece el régimen de propiedad de las aguas de México y define las aguas de
Artículo 27
propiedad pública como un bien inalienable e imprescriptible aunque su dominio se
puede transferir a particulares por medio de concesiones.
Establece a cuáles autoridades corresponde regular la explotación, uso, aprovechamiento
de dichas aguas, así como la preservación de su cantidad y calidad. Además se
faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de
Artículo 73
las aguas de jurisdicción federal. Se establece además que el Ejecutivo Federal puede
promover acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus
facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones para el
manejo del agua.
Con una reforma efectuada el 5 de febrero de 1983 se transfirió la obligación del
Artículo 115
gobierno federal de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y
disposición de las aguas residuales a los municipios.
Ley de Aguas Nacionales (LAN)
Es la ley más importante en México en materia de aguas continentales que sirve para regular la explotación, el uso o aprovechamiento de
las aguas, así como su distribución y control. Tiene sus antecedentes principales en las siguientes leyes: Ley Federal de Irrigación de 1926,
Ley de Aguas Propiedad de la Nación de 1929, Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934, Ley de Riegos de 1946, Ley Reglamentaria del
párrafo quinto del artículo 27 Constitucional en materia de aguas del subsuelo de 1956 y Ley Federal de Aguas de 1972.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1º de diciembre de 1992, y en 2004 fue objeto de una amplia reforma que modificó
114 de sus artículos y adicionó 66, a la vez que transformó varios de sus títulos y capítulos. Esta ley abrió el proceso para integrar la
participación privada al sector.
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Establece en su artículo 119 bis que “En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los
Estados y de los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua…”, vigilar el cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, “así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la
instalación de sistemas de tratamiento”. También está dentro de sus facultades el “determinar el monto de los derechos correspondientes
para que el municipio o autoridad estatal respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición
de las sanciones a que haya lugar”.
Leyes estatales
A pesar de que la gestión del agua en México se rige bajo un esquema fuertemente centralizado, cada uno de los estados de la República
tiene la responsabilidad de regular el aprovechamiento, uso y vigilancia de aquellas aguas de jurisdicción estatal, que son aquéllas localizadas
en sus territorios y que no son consideradas propiedad de la Nación de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 27 Constitucional. Además,
en tanto el artículo 115 Constitucional ha facultado a los municipios para que presten el servicio público de suministro de agua potable
y saneamiento, los poderes legislativos de los estados también tienen la obligación de desarrollar las normas correspondientes a estas
responsabilidades. Asimismo, las autoridades estatales deben desempeñar aquellas otras funciones que, de acuerdo con la LAN, les confiera
la CONAGUA. En los últimos años se les han ido transfiriendo programas de tipo operativo, como son los de “Uso eficiente del agua y la energía
eléctrica”, “Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola”, “Rehabilitación y modelización de distritos de riego”, “Agua potable y saneamiento
en zonas rurales” y “Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas”, entre otros. Por ello, la mayoría de los estados han creado
sus respectivas Comisiones Estatales del Agua para poder cumplir con las responsabilidades que se les ha ido confiriendo.