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DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS
esté por encima de las instancias estatales. Este proceso
ha contribuido a crear tensiones entre los gobiernos estatales
y las instancias regionales de la CONAGUA, las cuales
no han sido resueltas a la fecha. El eje central de esta tensión
se expresa en la tendencia creciente al fortalecimiento
y autonomización de los gobiernos de los estados, los
cuales demandan mayores atribuciones y funciones en la
gestión del recurso para resolver los problemas que se les
presenten en su ámbito más inmediato. También se expresa
en las dificultades que tienen las gerencias regionales
de la CONAGUA para responder a las demandas estatales
de solución y atención a los problemas por la reestructuración
institucional que están sufriendo, aunado a la complicación
que esto implica tanto en la toma de decisiones
como ante los problemas presupuestales y las limitaciones
de personal para responder con eficiencia. El agua, más
que nunca, se constituye en un factor crucial en la conformación
y consolidación de los territorios de poder por el
control del recurso (Torregrosa et al., 2010).
18.5 Gobernanza del agua y manejo integrado
La gobernanza y el manejo integrado del agua se complican
en México por los grandes niveles de desigualdad e inequidad
social, política, económica y cultural de la población.
En este sentido, se tendría que pensar en el modelo de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) como
un punto de llegada y no como punto de partida, pues una
gestión del recurso de este tipo implica la preexistencia
de una ciudadanía consolidada en pleno ejercicio de sus
derechos y obligaciones, igualdad en el acceso oportunidades
y recursos, una cultura política democrática, entre
otras, situación que en el país está muy lejos de ser. Sería
conveniente pensar en un modelo de la GIRH que implique
una construcción de “abajo hacia arriba” y no exclusivamente
de “arriba hacia abajo”, es decir, hay que recuperar
las experiencias obtenidas en el país en la microcuenca, la
localidad, la comunidad, las cuales ya han tomado en sus
manos la resolución de los problemas que se les presentan
y han involucrado a las autoridades correspondientes
para la solución conjunta de los mismos. Sería importante
contar con políticas públicas que incentiven y generalicen
estas experiencias (Caldera et al., 2010).
El Estado ha cedido centralidad en el espacio público,
pero no a favor de la sociedad, sino básicamente a favor
de actores privados mercantiles. Esto se ve reflejado en el
hecho mismo de que el diseño institucional que ha intentado
introducir esquemas participativos y de GIRH, tanto
en lo nacional como en lo local, han sido más bien limitativos
de la participación y del alcance de la descentralización
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en la toma de decisiones, y sin posibilidades de construir
condiciones propicias para que los actores se autocomprometan
con acciones radicales para frenar la crisis del agua
que se vive en el país. Por ejemplo, la participación social,
que según la Comisión Nacional del Agua (CNA) es uno de
los ejes fundamentales del diseño de la política hídrica en
México, no logra articularse con resultados efectivos de
disminución de la demanda del recurso. Los Consejos de
Cuenca, Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas, Comités
y Comisiones de Cuenca o Consejos Directivos o Consultivos
de los organismos operadores del servicio de agua
potable y alcantarillado no tienen ni la representatividad ni
la vinculación suficiente con todos los usuarios que no participan;
no logran convertirse en instrumentos efectivos de
rendición de cuentas, y mucho menos ejercen contrapeso
a los actores poderosos que influyen de manera efectiva
en la formulación de decisiones y que tienden a privatizar
los beneficios. Estos órganos de ‘representación’ tampoco
llegan a convertirse aún en interfaces Estado-sociedad,
donde los intercambios entre actores de ambas esferas
sean equitativos, útiles y vinculantes con el fin de generar
compromisos con acciones efectivas para disminuir
las extracciones o la emisión de contaminantes. En suma,
los principales problemas en México siguen siendo cen
tralización, participación social acotada y beneficios distribuidos
de manera selectiva (Torregrosa et al., 2010).
18.6 Registro de derechos de agua
La administración y control del recurso se realiza mediante
el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). El
REPDA considera cinco grupos de usuarios, cuatro corresponden
a usos consuntivos: el agrícola, abastecimiento
público, la industria autoabastecida y las termoeléctricas,
y por último el hidroeléctrico, que se contabiliza aparte por
corresponder a un uso no consuntivo. El Cuadro 19 muestra
los volúmenes concesionados en 2008 para los cuatro
primeros usos.
Desafortunadamente, su actualización es deficiente, en
particular en lo que concierne al agua subterránea. Por
ejemplo, en Laguna Seca, donde la labor de campo ha permitido
tener una mayor precisión cuantitativa respecto del
número total de pozos existentes (legales, irregulares y
clandestinos) y la superficie total de riego por tipo de tecnología
(gravedad y presurizada), para 2003 el COTAS tenía
registrados 1,126 pozos, en tanto que el REPDA sólo contabilizaba
656; esto es, el REPDA presentaba un subregistro
de más de 40%. También la recuperación de derechos de
agua que datan de la época prehispánica (desde tiempos de
la gentilidad), la colonia y la reforma agraria es deficiente.