diagnostico_del_agua_en_las_americas

lo anterior, hay ejemplos que demuestran que ello no ha
ocurrido. En Chiapas, por ejemplo, una entidad que cuenta
con casi dos terceras partes del agua superficial del país, existe
una escasez importante de agua en las comunidades
rurales, particularmente indígenas, debido a la carencia de
servicios, además de que los servicios que hay tienen un
costo muy alto para quienes tienen que obtener este recurso
en fuentes como las hoyas, las cuales, aparte de estar
contaminadas en sumo grado (84.5% de esta agua no es
apta para consumo humano debido a la mala calidad bacteriológica),
se secan en período de estío. Para las mujeres
significa recorrer hasta tres horas a pie para obtener este
líquido, a la vez que esta necesidad es utilizada de manera
contínua como instrumento de control y presión para que
se integren a grupos políticos y religiosos y, con frecuencia,
también implica conflictos entre municipios. Situaciones
similares se observan en otros estados, donde además las
afectaciones se originan por los problemas de contaminación.
Otros ejemplos ocurren en las entidades del centro
y norte del país, donde se dispone de menos agua y el
coste para su disponibilidad es alto, y donde nuevamente
son las mujeres y los niños quienes sufren más por tener
que acarrear el agua desde otras fuentes con la consiguiente
duplicación de sus horas de trabajo (Nazar et al., 2010).
12.1 Género y agua para la producción agrícola
En México, la equidad sobre la propiedad de la tierra quedó
establecida, en 1971, con la Ley de Reforma Agraria, en la
que se reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer
para ser dotados de tierra. En la práctica, esto no ocurrió. En
1990 había 3.1 millones de ejidatarios en todo el país; de esta
cifra, menos de 46,000 (cerca de 1.4%) títulos parcelarios
pertenecían a mujeres. No hay datos sobre cuántas de éstas
tienen acceso al riego, pero en general las mujeres rara vez
participan en la unidades de riego o poseen títulos de concesión
(Nazar et al., 2010). En 2002 se creó el Programa de
la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), en la Secretaría
de la Reforma Agraria, con la finalidad de otorgar apoyos
para la instrumentación de proyectos productivos para la
población femenina con derechos agrarios, integrada por
un padrón de 661,000 ejidatarias y comuneras. La cifra de
beneficiarias de este programa ese año representa apenas
1.36% de las mujeres con derechos agrarios, además de que
no es claro su acceso al agua en cantidad suficiente. Así, la
tradicional exclusión que se ha hecho de la mujer en la tenencia
de la tierra hace que esta situación se reproduzca en
el acceso de los derechos de agua (Nazar et al., 2010).
En La Agenda Azul de las Mujeres (2006) se indica que en
los últimos años las políticas de descentralización de la
administración del agua en México, plasmadas en la LAN 4
(2008), no han venido acompañadas de la generación de
capacidades institucionales, tanto financieras como técnicas
y humanas, en las mujeres. Dávila-Poblete (1998, 2000)
analiza cómo las mujeres pobres en México están perdiendo
los derechos de agua con la transferencia del manejo de
los distritos de riego. Con los nuevos listados de las asociaciones
de usuarios, el agua se destinará a los que trabajan
la tierra y no a las mujeres ni a los hombres propietarios.
Muchas mujeres no trabajaban la tierra, sino que dejaban
que otros lo hicieran, pero tenían autoridad acerca del uso
que se le daba al recurso, lo que bajo las nuevas estructuras
está cambiando. Las mujeres enfrentan limitaciones
para participar en la toma de decisiones públicas debido al
confinamiento al hogar y a las desventajas en las relaciones
comunitarias a consecuencia de las reglas patrilocales
del matrimonio. Aunque en la LAN se señala que se debe
fomentar la participación de los usuarios en los distintos
ámbitos organizativos, no incluye a las mujeres porque el
acceso de éstas al agua de riego generalmente es informal,
ya que no tienen los derechos a su nombre. La LAN no las
elimina de hecho, pero quedan fuera por los títulos, por la
costumbre y porque ellas mismas se marginan de los órganos
decisorios (Nazar et al., 2010).
Para garantizar la participación de las mujeres, se ha sugerido
que en el proceso de transferencia del control del Estado
a las localidades se garantice su inclusión en las sesiones
técnicas y de toma de decisiones, así como en los
organismos encargados de la política de agua del país,
como la CONAGUA.
13. Pobreza
13.1 Situación en el país
En México, todavía 22 millones de personas no tienen acceso
a servicios de drenaje y 3 millones carecen de servicio
de agua potable; la mayoría de estas personas son
de escasos recursos económicos y tienen un alto grado
de vulnerabilidad (Guevara et al., 2010). De acuerdo con
4
LOS RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO
En el Capítulo I, artículo 5°, incisos II y III, reformados el 29 de
abril de 2004, se establece que “Fomentará la participación de
los usuarios del agua y de los particulares en la realización y
administración de las obras y de los servicios hidráulicos” y “Favorecerá
la descentralización de la gestión de los recursos hídricos
conforme al marco jurídico vigente”, respectivamente.
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
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