diagnostico_del_agua_en_las_americas

La normativa civil de 1933 expresa el tema del aforo de
caudales; el régimen de aguas y regadíos de la Ley de
Transformación Agraria (1962) aborda el tema del censo
de las aguas para fines agrarios; la anterior Ley del Organismo
Ejecutivo (1945), en su reforma de 1970, facultaba
al MAGA el inventariar los recursos hídricos vinculados
con actividades agrícolas. Ninguna de estas instituciones
cuenta hoy con actividad o programa alguno ni heredó a la
administración pública sistema de gestión alguno. Es decir,
aún no se ha implementado un programa sistemático nacional,
regional o local de aforo de caudales de fuentes y
censo de aprovechamientos y problemas, y ninguna actividad
gubernamental vincula los derechos de propiedad o de
aprovechamiento de aguas públicas y los aprovechamientos
privados del agua con la real disponibilidad del recurso,
y como resultado la administración pública no cuenta con
herramientas para una gestión apropiada del agua. Lo
indicado anteriormente, ciertamente pone en riesgo las
inversiones, inhibe la transacción de derechos de aprovechamiento
y ocasiona conflictos entre usos competitivos
del agua.
El régimen penal introduce una serie de figuras delictivas
para proteger la integridad del patrimonio hídrico, así
como para proteger servicios y obras de interés público; e
igualmente, el régimen civil, procesos para proteger usos
existentes de obras nuevas o peligrosas.
Finalmente, es importante indicar que el estado de Guatemala
aprueba y ratifica un conjunto de convenios relativos
al Derecho del Mar, entre éstos los que regulan las normas
de rumbo y gobierno en aguas navegables, así como las
responsabilidades ambientales de las instalaciones portuarias;
y otros relacionados con temas ambientales, entre
los cuales resalta el Convenio de Cartagena relativo al
Desarrollo del Mar Caribe, el cual, entre otros, obliga a los
estados a disponer normas y acciones para prevenir la contaminación
de las aguas por fuente terrestre.
Cuadro 17. Legislación relacionada con el agua
ESTADO DEL AGUA EN GUATEMALA
Finalmente, es importante resaltar que el Estado se
preocupa de manera muy especial por introducir normas
para administrar las minas, el petróleo, el bosque (1870)
y las áreas protegidas, considerando estos dos últimos
regímenes clave para regular las funciones del ciclo hidrológico,
y las políticas derivadas de éstos efectivamente
incluyen programas para organizar el pago por servicios
ambientales, pero hasta la fecha no ha sido capaz de ordenar
legalmente la administración de las aguas en detrimento
tanto del interés público como del ejercicio de los
derechos individuales.
El tema central de la legislación del agua es contar con un
sistema capaz de garantizar y balancear, por un lado, el
acceso y el aprovechamiento del agua para fines sociales y
productivos, y por el otro, disponer medidas a favor de la
protección del recurso y, con ello, lograr abasto seguro e
indefinido del mayor número de demandas.
El régimen legal de las aguas se caracteriza por estar compuesto
por un conjunto de normas contenidas en un buen
número de leyes, que a diferentes niveles jerárquicos, abordan
algunos temas de la gestión del agua, y por un conjunto
de prácticas y costumbres que la sociedad guatemalteca
ha ido construyendo. El régimen legal se fundamenta en
valores y principios del Siglo XIX, y el institucional avanza
de la centralización a la descentralización y participación
ciudadana, junto con las políticas nacionales en esa materia,
sin constituir realmente un sistema de gestión del agua.
El país no cuenta con ley de aguas ni con una autoridad en
la materia, como sí sucede con el manejo de otros recursos
naturales tales como el bosque, las áreas protegidas, las
minas y los hidrocarburos, y la aplicación de la normativa
relacionada existente es muy pobre. Por ejemplo, se cuenta
con un régimen general para asignar derechos y definir
prioridades, que no se aplica; en el registro de derechos de
aprovechamiento existente no se encuentran inscritos ni
Tema Leyes
Propiedad y servidumbres
Constitución; Ley de expropiación, Ley de reservas territoriales del Estado, Código civil de 1963, y
Código penal.
Uso común Código civil de 1963.
Aprovechamiento
Constitución; Código civil de 1933*; Código municipal; Código de salud; Ley de transformación agraria;
Ley de minería; Ley de hidrocarburos; Ley de pesca; Ley general de energía, y Ley orgánica del INGUAT.
Conservación
Constitución; Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente; Ley forestal, y Ley de áreas
protegidas.
Fuente: MSPAS 2004, citado por SEGEPLAN, 2007
* Conforme el Artículo 124 transitorio del Código Civil de 1963, se dispone que mientras se promulga la nueva Ley de Agua de Dominio Público, quedan
en vigor los capítulos II, III, IV y V del Título II y los capítulos II y III del Título VI del Código Civil, Decreto Legislativo 1932, de 1933.
DR FCCyT ISBN: 978-607-9217-04-4
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