Informe GEO Uruguay 2008 - CLAES

emate, una mayor proporción de la renta de
la actividad queda en manos del Estado, fondos
que pueden volcarse a la investigación de los
recursos pesqueros y el control de la flota. Bajo
un criterio de fijación de la CMS lo suficientemente
cauto, la primera opción debería ser la
opción a tomar.
Una vez asignadas las cuotas al comienzo del
período, el regulador permite que los armadores
comercialicen libremente estos permisos
entre ellos al precio que decidan acordar. El
regulador se asegura de que las cuotas no se
violen, es decir que cada armador pesque una
cantidad de toneladas igual a la cantidad de
permisos que posee. Un adecuado diseño de
la política de control puede ser el monitoreo
de las cantidades al momento de la descarga
en puerto, y que el monto de las multas por
incumplimiento de cuotas sea mayor que el
precio de mercado de estas cuotas.
Los cambios necesarios para implementar lo
descrito arriba no son demasiados. En el régimen
actual, los permisos de pesca se otorgan
mediante el pago de una tasa. Este permiso
especifica la titularidad, el equipamiento del
barco, su capacidad de pesca, etcétera, como
marca el Artículo 9 del Decreto 149/997. El
mismo decreto indica que el permiso se puede
vender y la autorización –sin duda un aspecto
positivo de la legislación actual– surgió pues en
la práctica se transferían los permisos, dadas
las diferencias de productividad y costos entre
las empresas.
Este aspecto de la legislación debe ser mantenido,
pero complementarse con lo que aquí se
plantea. Una cuota individual transferible (CIT)
da al poseedor el derecho a pescar una tonelada
de una especie determinada. Por lo tanto,
si el CIT se transfiere, el titular solo “pierde” el
derecho a pescar esa tonelada. No pierde el
derecho a pescar toda la capacidad del barco,
como en el régimen actual. A su vez, el hecho
de definir el permiso de pesca en base a la capacidad
del barco le brinda menor flexibilidad
al regulador para ajustar la captura total permitida
año a año. Por tanto, un sistema de CIT es
más flexible, y por ende más costo-efectivo.
4.1.2 Impuesto a las emisiones de efluentes
industriales
Otra de las áreas en las que se podría implementar
un instrumento económico es la de los
efluentes industriales. Existen contaminantes
con impactos ambientales importantes: DBO5,
cromo y plomo son los ejemplos más claros.
El sistema actual fija un estándar máximo de
contaminación en términos de concentración,
según el Artículo 11 del Decreto 253/79 y
las excepciones según Resolución Municipal
761/96. En consecuencia, las empresas no
tienen ningún incentivo para reducir sus emisiones
por debajo de este estándar.
Un impuesto a la contaminación determinaría
que las empresas deben pagar una cantidad de
dinero por cada kilogramo de DBO, cromo o
plomo que emiten. Esto operaria como incentivo
económico para reducir emisiones, y dejaría
en manos de las empresas la decisión de cómo
hacerlo. El incentivo seria duradero en el tiempo
si el valor del impuesto se fija en un monto
adecuado y se mantiene en términos reales,
ajustado según la inflación.
Tal impuesto no tendría por qué sustituir el esquema
delineado en el Decreto 253/79, sino
que podría complementarlo. El actual proceso
de Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial
(ADI) es correcto, y quedaría como está así
como los parámetros ya fijados. El impuesto
sería un incentivo para lograr los niveles de
vertido fijados en el decreto.
Foto: Gerardo Honty
GEO Uruguay
Conclusiones, recomendaciones e instrumentos económicos
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