Informe GEO Uruguay 2008 - CLAES

Cambios en el uso de la tierra
96 GEO Uruguay
Dice que “Para cada uno de los posibles impactos
negativos existen medidas aplicables de mitigación
o de prevención”. Sin embargo, el propio
modelo hace que ello no sea posible. Por ejemplo,
en el caso del agua, la única medida de prevención
posible consiste en no hacer plantaciones
a gran escala y de rápido crecimiento (eucaliptos
y pinos).
Destaca la importancia de las inversiones, pero no
sus consecuencias, tales como la compra de cientos
de miles de hectáreas de tierras, que resultan
en su concentración en manos de grandes empresas,
que desplazan a los productores rurales, y la
instalación de grandes fábricas de celulosa.
En cuanto a empleos, las cifras oficiales muestran
que el sector forestal genera 1 empleo cada 222
ha, lo que significa que es la peor actividad agropecuaria
en materia de empleo (la segunda peor,
la ganadería de carne, genera un poco más: 1
empleo cada 171 ha). A eso se agrega que el trabajo
se caracteriza por la subcontratación, la informalidad,
la zafralidad y la violación a derechos
laborales. Muchas de la PyMES que destaca son
precisamente empresas subcontratistas que han
violado la legislación laboral. Así lo atestiguan los
dos actores más relevantes en el tema (la Asociación
de Inspectores de Trabajo y el Sindicato de la
Madera – SOIMA).
En cuanto a la “creación de oportunidades laborales
para la mujer” y el vínculo de ello con “la
reversión de la emigración rural”, cabe señalar
que dichas oportunidades se limitan casi exclusivamente
a algunos empleos en los viveros y en
la aplicación de agroquímicos. En la mayoría de
las actividades el trabajo es esencialmente masculino.
Por otro lado, la forestación no solo no
ha revertido sino que ha acelerado la emigración
rural, como lo muestran las taperas dentro de los
latifundios forestales.
Llama la atención que relacione la expansión del
monte indígena con la forestación, cuando no hay
relación alguna entre la expansión del uno y de la
otra. Es igualmente curioso que vincule la conservación
y recuperación de especies con la forestación,
cuando en la mayoría de los casos impacta
negativamente sobre la flora y fauna nativas.
En relación con la certificación de las plantaciones,
en un estudio realizado sobre el tema concluimos
que “los grandes monocultivos de árboles
implantados en Uruguay nunca debieron ser
certificados por el FSC, precisamente porque son
‘ambientalmente inapropiados, socialmente perjudiciales
y económicamente inviables’”.(3)
defensa de la preservación del recurso y del interés
supremo de la sociedad. La concentración de
la propiedad favorece el desarrollo de inversiones
industriales la eficiencia productiva, y no es un
fenómeno exclusivo de la actividad forestal.
La cifra manejada con respecto a los recursos
del Estado vertidos al desarrollo del sector forestal
(US$ 414 000 000) parece desmedida. Los
subsidios a las plantaciones y las exoneraciones
impositivas totalizan apenas un tercio de esa
cifra. Las inversiones en infraestructura, cuyo uso
es compartido por varios sectores, no pueden ser
imputables exclusivamente al sector forestal. De
todas maneras, estos aportes deben ser vistos
como una inversión del Estado el cual, en cumplimiento
de su función de promover el desarrollo,
se asoció al sector privado. Dicha inversión,
además del logro de sus objetivos sociales, ha
tenido una elevada renta medida a través de la
recaudación de impuestos generados por la actividad
forestal (45% anual (4)).
Las afirmaciones con relación a los temas del
empleo, la migración rural y el valor agregado
son falsas. La realidad indica que la actividad
forestal cuadruplica el número de puestos de
trabajo y el valor generado por hectárea con respecto
a la actividad ganadera que sustituye. Los
predios forestales tienen el doble de residentes
que el promedio nacional (5), y es además notorio
que la mayoría de los trabajadores forestales,
a diferencia de otras actividades agropecuarias,
reside en centros poblados con sus familias, lo
cual no se refleja en dicha estadística. Las condiciones
del trabajo forestal están reguladas por
el Decreto 372/99, el cual impone requisitos con
un nivel de exigencia en materia de confort para
el trabajador que supera la práctica habitual
en otros sectores de la economía. La creciente
mecanización que Carrere critica, además de
necesaria para la competitividad del sector y
para el bienestar de los trabajadores, es la única
manera de cosechar los volúmenes de madera
que fluyen de los bosques uruguayos, ya que
simplemente no habría trabajadores suficientes
para realizar esa tarea en forma manual.
Las consideraciones efectuadas con relación a
impactos ambientales están basadas en informes
carentes de objetividad, con abundancia de argumentos
que no serían aceptables por un tribunal
científico propiamente constituido. Me limito
a reiterar que los impactos que pudiere causar la
actividad forestal deben ser gestionados adecuadamente,
pero ninguno de ellos es de una significación
tal como para invalidar su continuación
y expansión.