MANUAL DE PRUEBA PERICIAL_Suprema Corte

Los desacuerdos entre peritos y la junta pericial 99
proporcionarles la información y la instrucción necesarias para ayudarles a entender
los presupuestos y el alcance de los análisis realizados y a controlar si todo ha
funcionado bien o, por el contrario, algo ha podido ir mal: técnicas forenses desacreditadas
o carentes de suficiente validación, pobre calidad en el funcionamien to
de los laboratorios, información relevante que ha sido obviada o transmitida de
manera distorsionada, elementos que han podido sesgar el juicio del experto,
errores flagrantes de razonamien to o falacias en la interpretación y comunicación de
datos estadísticos, o pretendidos expertos que son en realidad seudoexpertos. 4
Por supuesto, estoy muy de acuerdo en la imperiosa necesidad de que los jueces
reciban formación en el ámbito científico-técnico relevante para la toma de decisiones
en la materia correspondiente. Es sumamente llamativo que la formación
judicial que se ofrece en las instituciones siga girando casi por completo en torno
a las modificaciones del derecho sustantivo, su jurisprudencia, etcétera. En una
época como la actual, con las exigencias que supone decidir con conocimien to
experto, el personal jurisdiccional debería recibir algún tipo de capacitación en
torno al razonamien to probatorio y áreas expertas básicas o constantemente presentes
en su práctica. 5
Aunque la formación judicial pueda equipar a las juezas y jueces con herramientas
relevantes para decidir sobre la admisión, controlar la práctica de la prueba y
valorar racionalmente las pruebas periciales, en mi opinión “controlar si todo ha
funcionado bien o, por el contrario, algo ha podido ir mal” no solo es una cuestión
ampliamente dependiente del caso, sino que en alguna medida es dependiente
de la tarea de los abogados, de las partes de un proceso judicial. Por ello, las tres
vías que señala Gascón me parecen insuficientes para constituir un buen modelo
educativo. Desde mi punto de vista, es necesario contar también con un diseño
procesal cuyo objetivo sea la educación del juez sobre el caso concreto. Y es precisamente
esta cuestión la que ocupará las próximas páginas.
4
Ibid., 83-84.
5
Claramente esa necesidad formativa no la tiene solo el personal jurisdiccional, sino también los abogados
y los fiscales o ministerios públicos.