MANUAL DE PRUEBA PERICIAL_Suprema Corte

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Manual de prueba pericial
el listado, obviamente el proceso de selección del perito es muy endeble. No habría
manera, en un escenario así, de atribuir valor probatorio a priori a su pericia de
forma justificada.
Aun en el escenario adverso en que nos encontramos, se podría preguntar si los
peritos nombrados por el tribunal tienen incentivos para hacer bien su tarea.
En esa línea podría pensarse en al menos tres mecanismos: el genérico deber de
imparcialidad que tienen los peritos; el delito de falso testimonio, que podría
limitar ciertas conductas; o la expulsión de la lista e incluso la imposibilidad de
volver a pertenecer a ella como sanción administrativa.
En mi opinión, el genérico deber de imparcialidad, entendido como que la persona
experta debe considerar toda la información disponible, tanto aquella que
favorece como la que perjudica a las partes, jurídicamente se queda en papel
mojado si no se despliegan obligaciones concretas explícitas y se establecen, a su
vez, prerrogativas para las y los expertos a efectos de facilitar el cumplimien to de
aquellas. 31 Así, por ejemplo, si los peritos deben considerar toda la información
relevante del caso, uno debe preguntarse: ¿tienen los mecanismos necesarios
para acceder a esa información?, ¿deben acceder a toda la información del caso?
Todas estas cuestiones fundamentales no pueden ser dejadas a la discrecionalidad
o al ámbito de la ética de cada persona experta, pues son piezas clave para
el correcto funcionamien to de la prueba pericial. 32
Por otro lado, el artícu lo 247-Bis del Código Penal Federal prevé el delito de falso
testimonio para los peritos:
Se impondrán de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días
multa: Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a
la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, o aspectos, cantidades, cali­
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Pero no se trata solo de establecer un genérico deber de independencia, sino de prever con mayor
claridad “sus derechos y deberes, incluyendo el régimen incompatibilidades, inhabilitaciones, prohibiciones,
inamovilidades, etcétera, qué puede y qué no puede hacer el experto”. Picó i Junoy, “La debida
independencia del perito judicial”, en Justicia. Revista, pp. 75-76.
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Estos temas son abordados con profundidad en el capítulo 3 de este libro.