MANUAL DE PRUEBA PERICIAL_Suprema Corte

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Manual de prueba pericial
En materia penal, obviamente son las y los peritos de la actual Fiscalía General
de la República quienes realizan las operaciones periciales que se transforman en
los informes de la acusación, y quienes tradicionalmente han tenido un gran peso
en la decisión judicial sobre la inocencia o culpabilidad de una persona. 38 Desafortunadamente
no hay en la página web de la Fiscalía casi ningún tipo de información
sobre sus servicios periciales que nos permita hacer algún análisis sobre
su calidad. En ese escenario, hay que insistir en que el carácter público de una
institución o un perito nada supone sobre la fiabilidad de una técnica, ni tampoco
necesariamente permite inferir que quienes la han realizado sean personas expertas
en la materia. Por el contrario, habría que tener información empírica sobre
el funcionamien to real de los métodos o instrumentos utilizados por las per sonas
expertas pertenecientes a una institución, distinguir entre quienes ocupan las
posiciones técnicas después de una selección en la que se garantice que tienen el
conocimien to experto relevante y, aún más, estar siempre alerta de los potenciales
sesgos institucionales que pudieran generar sus propias prácticas. La publicidad
de este tipo de información es fundamental para el control de las instituciones e
incluso para la defensa de los casos que han sido analizados por estas.
Más allá de la calidad en sí misma de nuestras instituciones periciales, una de las
cuestiones que ha ido cobrando suma relevancia en el tema, sobre todo en materia
penal, es precisamente su dependencia de instituciones policiales o instituciones
acusadoras en general. Así, en palabras de Bell, et al:
Poner a un fiscal a cargo de la ciencia forense perpetúa un conflicto de intereses
irreconciliable y refuerza el dominio de la perspectiva del fiscal. Las entidades de
la acusación, por la naturaleza de nuestro sistema jurídico acusatorio, tienen pocos
incentivos para adoptar los avances científicos que podrían socavar las condenas
previa, dicho perito tiene el carácter de oficial y, por ende, debe inferirse su idoneidad y previa titulación,
y aun en la hipótesis contraria, ello solo restaría fuerza probatoria al dictamen, pero no acarrearía
su anulación, ya que, cuando menos, tendría el valor de indicio que, articulado a otros, constituye un
eslabón de la prueba presuntiva.” Cf. Tesis: VI.2o. J/62, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Registro Digital: 201610.
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Actualmente la Defensoría Pública Federal parece que también cuenta con un grupo de personas
peritas.