MANUAL DE PRUEBA PERICIAL_Suprema Corte

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Manual de prueba pericial
su análisis pericial o cuán justificadas están sus conclusiones a partir de las premisas
que planteó, uno debería preguntarse si es posible establecer este tipo de
listados aplicables para todas las pruebas periciales en todos los casos. Y es en esta
tarea donde mi actitud es más escéptica. Por supuesto que la identificación de
los listados anteriores es de utilidad para algunas pruebas periciales y para algunos
casos, pero ¿para qué pruebas y en cuáles casos? La respuesta, en mi opinión,
solo puede depender del análisis del caso concreto.
Y es precisamente en este escenario donde la interacción entre los diferentes
sujetos implicados en dotar y analizar la calidad de las pruebas periciales cobra
relevancia. Debemos pensar en que la tarea de mostrar y mejorar la calidad de las
pruebas periciales exige de una división del trabajo cognitivo no solo entre las personas
peritas, las y los abogados, fiscales y jueces, sino que implica también a las
comunidades expertas. La función de este tipo de grupos de expertas y expertos
en todo esto se empezó a poner de manifiesto a partir de 1923, en el ámbito
estadounidense, con el famoso caso Frye, y años más tarde con la paradigmática
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Daubert, donde se dictaron
precisamente criterios para la valoración de la prueba pericial. En el siguiente
capítulo abordaremos todas estas cuestiones con mayor profundidad y podremos,
evidentemente, seguir el análisis de la valoración de la prueba pericial,
aunque —adelanto desde ya— en lugar de centrarnos en la etapa propiamente
de valoración, veremos cómo la mejor alternativa es una valoración in itinere, que
inicie desde la admisión de la prueba pericial.
Espero en este capítulo haber mostrado, por un lado, las deficiencias que encontramos
en el tratamien to de la prueba pericial, a veces por hacer énfasis en aspectos
en que no debemos, como el origen del experto, y descuidar lo que debe importarnos,
como la calidad de las instituciones periciales o los criterios que se siguen
para nombrar a un perito judicial; otras veces por habernos centrado demasiado
en un solo sujeto, el juez, y descuidar lo que tiene que exigirse a las personas
peritas, a las y los abogados o incluso a las comunidades expertas. Por otro lado,
espero que se haya podido encontrar aquí un escenario de las dificultades que
exige una valoración racional de la prueba pericial. Si es así, entonces, en los
siguientes capítulos mi objetivo es ofrecer algunas herramientas para apoyar a
los operadores jurídicos en este difícil e ineludible escenario.